Quantcast
Channel: derecho a la ciudad – INVITRO
Viewing all 18 articles
Browse latest View live

Coloquios Invi 2008: Derecho a la Ciudad

$
0
0

Por Claudio Pulgar

Claudio PulgarEn el marco del ciclo de “Coloquios por el Derecho a la Ciudad” organizado por el Instituto de la Vivienda durante los meses de abril, mayo y junio de 2008, se presentará un síntesis de las presentaciones de los invitados y de las discusiones posteriores.

El objetivo de ésta nota es difundir (inicialmente) el contenido general de los temas planteados en las distintas sesiones del ciclo de coloquios, éstos se estructuraron en base a 3 sesiones, en cada una de las cuales hubo algunos invitados provocadores que realizaron presentaciones, con el objetivo principal de intercambiar opiniones y visiones acerca de la vigencia del Derecho a la Ciudad como perspectiva y como experiencia.

Es importante partir desde el antecedente de que tenemos una labor ética desde la Universidad de Chile, como universidad pública y nacional de apoyar y avanzar en torno a la discusión del Derecho a la Ciudad, generando investigación y docencia bajo estos preceptos, y tomando en cuenta sus implicancias en la planificación y diseño de las ciudades. Para esto tomamos en consideración y como punto de partida los objetivos que se comparten en el INVI de “contribuir a mejorar la calidad de vida a través del desarrollo sustentable del hábitat en el ámbito residencial urbano y rural de manera que permita erradicar progresivamente la pobreza promoviendo la construcción de una sociedad más equitativa, sustentada en el principio de justicia social”.
Los coloquios se realizaron gracias al convenio Reforma Urbana entre el MINVU y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. El programa de Reforma Urbana puede entenderse como un proceso que “está orientado a introducir cambios en la gestión de nuestras ciudades y regiones, trasfiriendo crecientes capacidades de gestión e iniciativas urbanas a la ciudadanía y sus comunidades”, entonces se hace necesario plantear instancias de discusión y participación de la ciudadanía, en este caso desde la Universidad de Chile. Citando sólo dos de los objetivos centrales de la reforma urbana, como son: “Incorporar a la ciudadanía en las decisiones urbanas” y “Asegurar el acceso de los más pobres a los beneficios del desarrollo urbano”, justifican instalar la discusión en torno al Derecho a la Ciudad.

Según la RAE un Coloquio es una “reunión en que se convoca a un número limitado de personas para que debatan un problema, sin que necesariamente haya de recaer acuerdo.” Además es una “ discusión que puede seguir a una disertación, sobre las cuestiones tratadas en ella.”

Estas dos definiciones anteriores sintetizan el objetivo general de los Coloquios, destacando que en la invitación a los distintos expositores, más que apelar a roles de expertos en el tema del derecho a la ciudad (de partida ninguno lo era), el énfasis estuvo puesto en poner en el debate sus propias experiencias o perspectivas profesionales, en un afán provocador, y además tratando de representar la diversidad de la ciudad en sus distintitos actores sociales.

Los principales contenidos planteados en los coloquios giraron en torno a la historia de la ciudad y los excluidos, las experiencias de políticas públicas de integración social, la relación entre el derecho a la educación y el derecho a la ciudad, la participación ciudadana en la toma de decisiones en la ciudad, y el papel de los nuevos movimientos sociales urbanos territoriales; los derechos humanos y la organización de pobladores en torno al anhelo de la vivienda digna.

Coloquios desde la perspectiva del derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad, es definido por la “Carta Por el Derecho a la Ciudad” como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. La carta no implica la suma de derechos internacionales ya reconocidos, sino que “presupone la interdependencia entre población, recursos, medio ambiente, relaciones económicas y calidad de vida para las presentes y futuras generaciones. Implica cambios estructurales profundos en los patrones de producción y consumo y en las formas de apropiación del territorio y de los recursos naturales. Se refiere a la búsqueda de soluciones contra los efectos negativos de la globalización, la privatización, la escasez de los recursos naturales, el aumento de la pobreza mundial, la fragilidad ambiental y sus consecuencias para la supervivencia de la humanidad y del planeta.”

La carta mundial por el derecho a la ciudad basa su propuesta en tres ejes fundamentales:

-el ejercicio pleno de la ciudadanía, que en la práctica se traduce como el ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, que aseguran el bienestar colectivo de los habitantes de la ciudad en condiciones de igualdad y justicia, además del respeto a la producción y gestión social del hábitat.
-gestión democrática de la ciudad, a través de la participación y el control de la sociedad con formas directas y participativas, en el planeamiento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo las administraciones públicas a escala local, así como las organizaciones populares.
-función social de la propiedad y la ciudad, esto es la preeminencia del bien común y colectivo por sobre el derecho individual de propiedad, esto implica el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano, y un equilibrio entre lo urbano y lo rural. Esto implica la socialización del suelo urbano, superando la actual liberalización y mercantilización del suelo, con sus conocidas implicancias en cuanto a especulación.

El derecho a la ciudad se basa en la idea de la ciudad como producto cultural, colectivo y, en consecuencia, político. La ciudad es en esencia, un espacio público-político, donde es posible la expresión de voluntades colectivas, es espacio para la solidaridad, pero también para el conflicto”. El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad en la que se pueda vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, y donde se posibilite a través de sus espacios la distribución equitativa de recursos tanto materiales (ingresos, salud, educación, vivienda) , como simbólicos (participación, acceso a la información, etc.).

En la ciudad, como contexto, es donde se pueden ejercer y exigir los derechos que ya existen en nuestra sociedad. Es en la ciudad donde se puede construir la ciudadanía. De ahí el concepto de “espacializar los derechos”, entendido como la materialización espacial en un territorio (local y global) de las conquistas sociales. …

La discusión adquiere hoy una gran relevancia frente a los graves impactos de la globalización neoliberal. Las circunstancias, desde los sesenta, cuando se planteó “el derecho a la ciudad” en el libro del filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, han cambiado, pero no así el fenómeno de la exclusión y la marginación de los beneficios colectivos que debiera entregar la ciudad a sus habitantes.

A partir de una síntesis de lo discutido en cada una de las sesiones se puede constatar que la discusión en torno a la ciudad, desde una perspectiva de derechos, se enriquece gracias al aporte de los diversos expositores y a los interesantes aportes del público, el que incluyó a estudiantes y académicos, a dirigentes sociales y activistas urbanos, a representantes de ONGs y de la sociedad civil, a funcionarios públicos, a profesionales nacionales y extranjeros. Más abajo se despliega la síntesis de la primera sesión:

Sesión 1 : Una mirada histórica a la ciudad y la vivienda en Chile. Políticas públicas de integración y movimientos sociales.

Expositores: Gabriel Salazar y Miguel Lawner.
Fecha: 30 de abril
Moderador: Claudio Pulgar

En la primera parte el arquitecto Miguel Lawner, ex Director de la CORMU(1) en el gobierno de Salvador Allende, hizo un diagnóstico del estado actual de la ciudad de Santiago desde la perspectiva de las políticas habitacionales de los últimos 30 años.

El arquitecto planteó que : “las políticas de vivienda y urbanismo implementadas en Chile durante los últimos 30 años, han deteriorado severamente la calidad de vida de millones de chilenos. Así como que: “El actual modelo de desarrollo y la globalización, han intensificado los niveles de marginación y de segregación social de millones de seres humanos en todo el planeta”.

Por otra parte recordó las erradicaciones de campamentos ocurridos en Santiago entre los años 1979 y 1984 donde se trasladó forzadamente a 28.000 familias (120.000 personas aprox.) desde las comunas de Las Condes, Vitacura y Santiago hacia la periferia sur y poniente de la capital. Según Lawner éstas representaron “un quiebre dramático en la vida familiar”.

Revisó también el proceso de construcción de viviendas sociales en Santiago entre los años 1980 y 2000, unas 200.000 unidades, que comprenden a un millón de personas, es decir un 20% de los habitantes de la ciudad, las cuales según su perspectiva están “alojadas en unidades habitacionales de muy bajo estándar” y “resulta paradojal reconocer que el éxodo desde los asentamientos irregulares hacia las nuevas viviendas sociales ha representado para la mayoría de los pobladores una regresión en su calidad de vida”.

Destaca también que desde un punto de vista cuantitativo y financiero, “el esfuerzo habitacional realizado por el MINVU en los años de la Concertación representa un éxito, pero ha significado una inmensa frustración para sus supuestos beneficiarios, hacinados en viviendas minúsculas”

Hilvanó en su diagnóstico el fenómeno del desmantelamiento del aparato estatal, “que juega un rol mínimo en la planificación urbana, habiendo transferido al sector privado la gestión sobre estas materias. En definitiva hoy día son las grandes compañías inmobiliarias las que resuelven donde y como han de crecer nuestras ciudades”.

El arquitecto Lawner presentó la acción de la CORMU a principio de la década de 1970, como una experiencia exitosa de política pública de integración social en la ciudad por medio de los proyectos de regeneración urbana. Planteó que “la CORMU bien puede considerarse como la era dorada de la planificación en Chile”. Destacó entre otras características los mecanismos legales que hicieron posible el manejo del suelo urbano.

El estado a través de la CORMU realizó “ambiciosos proyectos habitacionales, no en la periferia sino que poniendo el acento en las áreas centrales deterioradas de las zonas metropolitanas que exigían alguna remodelación, o cuya baja densidad aconsejaba su densificación”

Como ejemplo emblemático de un proyecto de integración social urbana expuso el caso de la Villa compañero ministro Carlos Cortés(2) , ubicada en pleno corazón de la Comuna de Las Condes, y dirigida a los “grupos sin-casa de esa comuna, instalados en su gran mayoría en las márgenes del río Mapocho”. De este emblemático proyecto alcanzaron a entregarse 1038 departamentos.

Finalmente señaló al posterior “despojo” y erradicación de la Villa San Luis de Las Condes como una violación a los derechos humanos, y en definitiva del derecho a la ciudad, en los que “El Estado de Chile no sólo despojó de sus legítimos derechos a mil familias, sino que desde un punto de vista económico, derrochó un patrimonio financiado con recursos provenientes del presupuesto nacional, sólo con la finalidad de revalorizar el suelo en beneficio de los sectores de altos ingresos.”

Finalmente, a partir de su diagnóstico de la situación actual de la segregación social en la ciudad de Santiago dejó planteadas algunas preguntas-propuestas: “¿Porqué el MINVU se limita a establecer normas y no actúa directamente? ¿Qué sentido tiene generalizar la obligación de construir viviendas sociales en todas las nuevas áreas de desarrollo?. No veo razones que le impidan adquirir directamente los predios necesarios para cumplir con ese objetivo, y convocar después a licitaciones para la construcción de las viviendas.”

Terminó afirmando que :”para extender el Derecho a la Ciudad a todos los ciudadanos, es indispensable recuperar un aparato estatal capaz de planificar el desarrollo urbano, fijando una política respecto al suelo urbano que lo haga accesible, -donde sea necesario- a todos los sectores sociales.”

El segundo expositor fue Gabriel Salazar, filósofo, sociólogo e historiador, académico de la Universidad de Chile y premio nacional de historia, hizo un revisión histórica del Santiago republicano en torno a los movimientos sociales, y la historia de los excluidos de la ciudad.

Se preguntó y también al público “¿si realmente existe hoy la sociedad civil? ¿o si ha existido alguna vez en Chile?”. Planteó que para exista la sociedad civil el primer paso es que se las comunidades tengan capacidad organizativa. Indicó provocativamente además, que “ya no es suficiente con tomarse el Estado.”

Algunos datos importantes que entregó en su revisión histórica de la evolución de la ciudad de Santiago se relacionaron con la composición habitacional de la ciudad, “en 1865 el 65% de la viviendas eran ranchos, cuartos redondos y conventillos(3), los que estaban especialmente ubicados en el centro de la ciudad y en la Chimba(4). ”

Planteó además que desde el origen de la ciudad de Santiago “la gran masa mestiza se quedó sin derechos (sin dios ni ley)”. Hay que tener en cuenta que los mestizos se convirtieron rápidamente en la mayoría de la población, por sobre los colonos españoles y los indígenas.

Hizo una analogía entre el Santiago de 1860, esbozando que se parecía bastante al Londres pre-industral de 1670-1700, donde los artesanos eran la gran masa trabajadora de la ciudad. Cuando éstos se organizaron y reclamaron por sus magras condiciones de vida en la ciudad, comenzó la guerra civil, y la represión militar. Advirtió en base a sus investigaciones que “en la historia del Chile republicano las Fuerzas Armadas han masacrado a los pobres 23 veces”, la primera, fue la guerra de pacificación de la Araucanía contra el pueblo mapuche, la segunda, la represión a los peones y la tercera, a los artesanos. Planteó que en las Fuerzas Armadas chilenas se ha mantenido constante la doctrina del enemigo interno, y que esté siempre ha estado asociado a los excluidos, especialmente cuando se organizan para reclamar sus derechos.

Hizo un interesante análisis de la duración de los siglos pasados en Chile, planteando que el siglo XIX fue un siglo largo frente al siglo XX el que habría sido un siglo bastante corto, pero muy intenso. Según su análisis, el Siglo XIX habría comenzado en 1780, y habría terminado en 1930, cuando ya se constataban grandes desigualdades estructurales en la sociedad. Por otra parte, el siglo XX habría comenzado en 1938 y habría terminado abruptamente en 1973, en este siglo corto “se intentó integrar desde el Estado a los excluidos”, pero no desde el desarrollo de la sociedad civil, punto clave que habría sido una de los factores para el fracaso de ese proyecto de Estado.

Destacó especialmente el movimiento social de 1924, que planteó entre otras cosas: la comuna autónoma y el estado federal; al parlamento como ente de fomento a la producción; la abolición de las Fuerzas Armadas; y la integración del país en base a la descentralización. Algunos de estos planteamientos son bastante cercanos a lo que entendemos como parte del derecho a la ciudad, especialmente, en cuanto a descentralización y participación. Finalmente, expresó que la constitución burguesa y liberal de 1925, no fue capaz de reflejar lo inicialmente planteado por el potente movimiento social.

A pesar de mostrar un escenario histórico, por lo demás vigente hasta la actualidad, dramáticamente adverso para los grupos de habitantes excluidos de la ciudad, se mostró bastante optimista frente al surgimiento de los nuevos movimientos sociales y ciudadanos, especialmente, a las organizaciones territoriales y a los jóvenes. Recalcó que para alcanzar el derecho a la ciudad, lo esencial es la consolidación de la sociedad civil. Desde ésta perspectiva planteó que ya no es necesario tomar el Estado, como se creía durante el siglo XX, sino que se puede construir poder al margen del Estado, con los movimientos ciudadanos, desde abajo y basándose en la autonomía local.

Podríamos sintetizar que Salazar esbozó que para acceder al derecho a la ciudad, lo central es la participación de los habitantes de ésta, transformándose en sociedad civil organizada y con capacidad de gestión, manifestando que se debe superar la visión del Estado poderoso, y caminar hacia uno garante de derechos, donde los recursos y las políticas públicas puedan ser gestionadas, administradas y fiscalizadas por los ciudadanos y sus organizaciones.

En una próxima publicación se entregarán los resúmenes de la sesión 2 y 3 de los coloquios. Posteriormente se transformará el contenido completo de los debates en una publicación que estará a disposición del público.

1. CORMU: Corporación de Mejoramiento Urbano, organismo de planificación urbana y diseño arquitectónico dependiente del MINVU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2. Después del golpe militar de 1973 se denominó Villa San Luis de Las Condes, y hoy ha sido demolida en gran parte, luego de una apropiación poco clara por parte del Ejército, que posteriormente la vendió, y hoy se desarrolla un proyecto Inmobiliario denominado Nueva Las Condes.
3. Viviendas precarias, la mayoría autoconstruídas.
4. Zona históricamente postergada al norte del río Mapocho.

Vivienda social y calidad residencial: participación de los pobladores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Arquitectura

$
0
0

Por Claudio Pulgar Pinaud, Académico INVI (@cpulgarpinaud)

En el contexto de importantes discusiones al interior de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, la cual se encuentra en proceso de reestructuración, reforma curricular y definición del rol o perfil de los egresados, creemos que es necesario compartir una experiencia que refleja un postura frente a estos temas. El artículo que se presenta fue publicado en el marco del XIV Encuentro de la Red ULACAV (Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda) realizado el año 2008 en la Facultad de Arquitectura,  Diseño y Urbanismo FADU de la Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina.

Título: “Vivienda social y calidad residencial: participación de los pobladores en el proceso de enseñanza-aprendizaje”

Autores: Claudio Pulgar Pinaud y Graciela Terreros Arellano

Palabras claves: participación, mejoramiento habitacional, enseñanza-aprendizaje, diseño

En un país como Chile, en el que las escuelas de arquitectura han proliferado(1), debido al sistema de educación superior que se ha entregado al libre mercado, permitiendo una amplia oferta de universidades (especialmente por la multiplicación de instituciones privadas), las mallas curriculares de todas, si bien presentan matices, tienden a una formación profesionalista, enfocada en el caso de la arquitectura al diseño de vanguardia o de grandes proyectos(2), y sin embargo, el desarrollo y fomento de la responsabilidad y del rol social del arquitecto encuentra un lugar escaso e incluso nulo en la mayoría de las escuelas.

Mientras se da el espacio para conocer tanto las históricas como las nuevas corrientes del diseño arquitectónico, los tradicionales sistemas constructivos y las nuevas tecnologías, y la evolución de la planificación urbana, vemos en esta formación la ausencia de la discusión respecto a la contingencia nacional y latinoamericana en materia habitacional, que aún cuando es un tema recurrente para la crítica – siempre desde afuera – no se le ha dado el espacio para la discusión analítica, para la proposición ni para la invitación a formar parte de la problemática y generar posibles soluciones.

Contexto Institucional

En el marco del mandato fundacional que tiene la Universidad de Chile de reconocer su responsabilidad en las tareas de país, el Instituto de la Vivienda desde sus inicios se ha aferrado a ello, volcándose al ámbito habitacional desde distintos campos de acción, siempre con el afán de una visión integral y multidisiplinaria, pretendiendo llegar a los distintos agentes del proceso habitacional.

A partir de esa misión, el INVI hace la invitación a los estudiantes al abrir un espacio en la docencia de pregrado de la escuela de arquitectura, para llegar a ellos con un enfoque de toma de conciencia y responsabilidad social en la preparación de nuevos profesionales, sin embargo debe hacerlo a través de un curso optativo de “formación general”, puesto que debe adecuarse a lo que fija la malla curricular de la carrera de arquitectura.

Si observamos dicha malla, es curioso que la vivienda – uno de los programas arquitectónicos más recurrentes en el ejercicio profesional – tenga tan poca dedicación para el análisis y el estudio, considerando el complejo marco teórico que envuelve a este ámbito.

El perfil profesionalista de la formación del arquitecto, reproducido por generaciones de docentes, consiste en la división en asignaturas como compartimientos estancos y el divorcio entre teoría y práctica. Es decir lo multidimensional, el enfoque de la complejidad y el pensamiento relacional quedan fuera, y se reproduce un enfoque reduccionista, centrado en el diseño de objetos.

Nos referimos a un perfil que se adentre en comprender el hábitat residencial, entendiendo que es, sin duda, el primordial entre las distintas formas de habitar que tiene el ser humano, puesto que contempla más completamente las acciones que implican el ser del hombre, más que el sólo residir.

Más allá de un ejercicio de taller abocado a la vivienda como objeto, se trata de imbuirse en el tema para comprender que el hábitat residencial contempla un sistema habitacional compuesto por escalas, donde la unidad de vivienda que acoge a la familia (3), está inscrita en una unidad mayor que es el entorno inmediato, éste a su vez, en el conjunto habitacional y en el barrio, en el cual habita la comunidad y así como la vivienda contempla ciertos elementos que cumplen el rol de satisfactores de las necesidades de sus habitantes, el entorno debe contar también con infraestructura y servicios que satisfagan las necesidades de esa comunidad. Por lo tanto, la vivienda no es un objeto en sí mismo por cuanto se inserta en un soporte mayor; es parte del barrio y de la ciudad, tal como el individuo es parte de la familia, ésta lo es del vecindario, de la comunidad y así sucesivamente a mayor escala. Esto conlleva a entender que el sistema habitacional se halla en un contexto socio-físico, para así comprender el concepto de lugar, puesto que según Schulz “los espacios donde la vida ocurre son lugares, en el verdadero sentido de la palabra (…). un lugar es un espacio que tiene carácter preciso”, definición que lleva implícito otro concepto, el de identidad, sea ésta individual o colectiva.

Y, a partir de lo anterior, se hace necesario enfocar el estudio de la vivienda comprendiendo que ésta no es un objeto estático, sino que, como parte de este sistema complejo, implica desarrollo, evolución, crecimiento o ajuste, puesto que lo físico debe responder a modo de soporte adecuado a sus habitantes, como lógica consecuencia de que la vida está llena de cambios, de evolución e involución y por ello, nuestra perspectiva de estudio es la vivienda como proceso.

Respecto a esto, un breve análisis sobre los ejercicios de Taller cuando el caso de estudio es “vivienda para un usuario x”. Dos comentarios al respecto: el primero en cuanto a que estos ejercicios suelen obtener como resultado un objeto único y permanente, vale decir, un producto que es “la” respuesta a una visión fotográfica del “usuario”, el que tiene tales características y que, por ello, necesita “tal” solución; dejando de lado, la relatividad de las cosas y la proyección respecto a las características que le son atribuidas a ese “usuario”. Y, sobre lo mismo, el tener como centro de estudio a un usuario, hace olvidar que –especialmente para el caso – su condición inherente es ser habitante, es decir, su relación primordial con el objeto de diseño es el habitar y no sólo el usar.

Todo esto, para comprender que la calidad residencial, como un ámbito de la calidad de vida, contempla un espectro de variables y factores bastante complejo, en tanto que abarca al sistema habitacional con sus escalas y las relaciones de unos y otros en dichas escalas, las necesidades del habitante, aquellas permanentes y aquellas que son temporales y por lo tanto, los satisfactores para cada caso.

Otro aspecto necesario de abordar, es que el proceso habitacional requiere de la participación de agentes involucrados desde su rol, sea éste público o privado, como profesional-técnico, intermediario o poblador. La participación activa hará de éstos, actores del proceso habitacional y ésa es la invitación que hace el INVI a sus alumnos, el hecho de que a partir de una aproximación teórica al problema habitacional que viven hoy en día los sectores más vulnerables de la sociedad, los futuros profesionales sientan el deber social de ser parte de la problemática, pero como gestores de la solución. Lo anterior, no sin comprender que el arquitecto es una pieza más de dicha solución, una pieza importante, sin duda, pero nunca autosuficiente, ni protagonista, ya que es parte de un sistema mayor, y es gracias al complemento de las partes el que el sistema logre funcionar.

Participación social como método de enseñanza-aprendizaje

La participación puede ser definida como “el trabajo colectivo de varias personas tanto en la determinación de los objetivos como en la definición de los caminos para llegar a ellos”(4). En la formación de los nuevos arquitectos “la participación en los procesos colectivos de toma de decisiones se reconoce como uno de los ejes centrales de la construcción democrática de una sociedad(5)”.

Desde este enfoque es que planteamos que en la enseñanza los futuros profesionales tengan una verdadera, aunque sea temporal y corta, inserción en el medio, preparándolos para ver las demandas reales, acercándolos a métodos de trabajo y relación directa con la comunidad. Trabajamos con el enfoque de que “…el que asiste considera que lo que el asistido necesita se debe determinar en un trabajo conjunto entre ambos, el que asiste y el asistido, con apertura a otros actores, convocados por sus conocimientos, por sus recursos, o por su relación con la situación de necesidad (6)”.

El rol social del arquitecto

Planteamos al arquitecto, en su enfoque profesional, más que proveedor de objetos, como un facilitador y potenciador de procesos, en este caso habitacionales, un verdadero articulador social, capaz de superar el paradigma de la mera creación de formas por uno más cercano a las humanidades. En definitiva “concebimos a la arquitectura más como profesión de servicios humanos, asemejándose en su carácter a las profesiones medicas y de ayuda. Éticamente, ello significa, ya no sólo una responsabilidad por lo que se hace (que la casa sea de buena calidad) sino además por lo que no se asume”(7). Es decir, insertar a los estudiantes en la complejidad de realidad urbana, indagando en los procesos y en las posibles razones de la pobreza urbana y, a su vez, las políticas públicas, en este caso habitacionales, que aparecen para paliarla.

Contexto nacional, el parque habitacional construido

Las graves carencias habitacionales que se evidenciaron hace unas décadas en Chile, alcanzando a 900 mil familias(8) a nivel nacional, llevaron a que el Estado adoptara políticas que atendiera a las familias más vulnerables habitacionalmente, mediante la entrega de viviendas definitivas, en un plazo determinado; a modo de disminuir progresivamente en números dicho déficit, para tender a una erradicación del problema, en un mediano plazo. Para ello, se redoblaron los esfuerzos y se adoptaron medidas de producción masiva, estandarizada y de bajo costo, tanto en lo constructivo (superficie y estándar) como en la elección de emplazamiento (bajo las reglas del mercado de suelos, en un contexto de crecimiento demográfico y expansión urbana).

De lo anterior – tras años de aplicación de este sistema – desprendemos no sólo los resultados numéricos exitosos ya que la entrega de viviendas avanzó más rápido que la proliferación de la carencia, sino que, además, nos hallamos con una serie de secuelas negativas para quienes resultaron “beneficiados”(9) por estas soluciones habitacionales. Algunas de esas secuelas son: la segregación, fragmentación, hacinamiento, inseguridad, resentimiento y falta de identidad, y ello se debe a un enfoque viviendista(10) que apuntó a entregar techo a las familias carentes, pero desatendió el resto de variables que hacen que la vivienda más que un objeto por sí solo, es parte de un sistema y que se retroalimenta de él no sólo en lo físico sino también en el ámbito social.

El paisaje urbano recurrente en el país, nos muestra ciudades desagregadas, con extensas periferias marginadas de servicios y de infraestructura que sí encontramos en otros puntos de las mismas ciudades, y con ello percibimos el desencanto de esos habitantes marginados, el resentimiento a la ciudad que no les atiende sus necesidades, a la sociedad que continúa su vida ajena a esos problemas y, con ello, el descuido, el deterioro y obsolescencia del parque habitacional construido hace no tantos años, áreas libres que se pensaron como espacios de esparcimiento que hoy son terreno de nadie – los no lugares – grandes extensiones de unidades habitacionales sin fin, sin variación, sin pausas ni infraestructura básica adecuada. Soluciones habitacionales que olvidaron la diversidad social; las familias son distintas, aún cuando sean todas ellas vulnerables, y por lo tanto las necesidades y aspiraciones son distintas. También se olvidó que pertenecemos a un país de gran diversidad geográfica ya que, sin embargo, un mismo modelo era replicado a lo largo del país. Parece ser que en este contexto de la vivienda de bajo presupuesto, se dejó de lado la arquitectura y se dio paso, simplemente a la construcción, como si la arquitectura fuera un lujo exclusivo de unos pocos.

En este escenario, movido por la preocupación de esta problemática evidente, el Instituto de la Vivienda, en su quehacer de estudio y evaluación de las políticas habitacionales, desarrolló investigaciones y propuestas sobre vías de solución para el mejoramiento habitacional, con un énfasis en la integralidad de las soluciones, la importancia de la flexibilidad del diseño, el equipamiento y los servicios básicos, sin olvidar el fomento de la conformación de barrios. Estos estudios y propuestas, pudieron ser materializados en algunas experiencias de proyectos pilotos(11), interviniendo estructuras existentes de viviendas sociales que presentaban evidente deterioro y obsolescencia(12); siendo fieles a la misión de ser parte del proceso habitacional.

Nueva Política Habitacional de mejoramiento de la calidad e integración social.

Ante las evidentes secuelas de las políticas anteriores, exitosas en su objetivo de disminuir el déficit cuantitativo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) declaró en su publicación “El Déficit Habitacional en Chile” (2004) el reconocimiento por parte del Estado de la necesidad de ejecutar una cantidad importante de obras de mejoramiento al parque habitacional construido, puesto que se comprende que el déficit no solo existe en cantidad de unidades de vivienda sino también en cuanto a la calidad residencial de las soluciones.

Surge así, una nueva política habitacional(13), cuyo enfoque está, esta vez, en el mejoramiento de la calidad residencial (lo que implica calidad además de cantidad) y con ello, la integración social (tender a reducir la desigualdad de oportunidades, aunque claro está, eso es un tema transversal mucho más complejo, que debe ser enfrentado por todos los sectores).

A partir de la necesidad imperiosa de actuar en el mejoramiento del parque habitacional existente, nace un nuevo programa habitacional, el de Protección al Patrimonio Familiar, el cual apunta a tres líneas:

· Mejoramiento del entorno: para atender a la percepción de seguridad de los habitantes y/o a la necesidad de equipamiento y áreas verdes.

· Mejoramiento de la vivienda: para atender necesidades de seguridad de la vivienda, habitabilidad, mantención, mejoramiento de bienes comunes en copropiedades.

· Ampliación de vivienda: considerando la necesidad de más superficie, como un dormitorio adicional, ampliación de los espacios comunes de la vivienda o de los recintos húmedos de baño, cocina o lavadero, o acondicionar un recinto de trabajo (muchas familias trabajan desde sus hogares).

Con esto, se reconoce no sólo la necesidad de mejoramiento de la calidad residencial, sino además, conlleva un reconocimiento de la diversidad de necesidades de las familias, entendiendo, entonces que la solución habitacional debe responder a los requerimientos de familias que son distintas unas de otras.

En este escenario, una comunidad de 30 familias de la comuna de San Bernardo(14), hizo llegar al Instituto de la Vivienda su inquietud de participar en el nuevo programa habitacional. Se trataba de familias que habían obtenido su vivienda hacía 15 años, aún cuando ésta contaba con un programa de estar-comedor, cocina, baño y dos dormitorios, y la construcción se encontraba en general en buen estado; en los 30 casos requerían ampliar la superficie de la vivienda, puesto que se hacía insuficiente para la cantidad de habitantes o para las actividades que realizaban al interior de la vivienda.

La propuesta Invi de taller

La labor del Instituto de la Vivienda ha procurado ir más allá de las aulas, y así como las experiencias de mejoramiento señaladas anteriormente, ha estado presente la inquietud por extenderse a la comunidad y aplicar en terreno los conocimientos aprehendidos en la docencia y en la investigación. A partir de la necesidad del comité de familias de San Bernardo, se presentó la oportunidad de realizar la tarea de asistencia técnica y aprovechar esta ocasión para acercar a los estudiantes a participar de este trabajo comunitario.

Con esta motivación se formuló un curso que requería la metodología de taller, de modo tal que la teoría fuera el sustento del trabajo práctico desarrollado en equipos, cuyo fin era aportar soluciones a las problemáticas que presentaban las familias con las cuales se trabajaría.

Ante esta posibilidad, el INVI presentó a la Dirección de Escuela de la carrera, la alternativa de cambiar la modalidad que había adoptado anteriormente su cátedra de pregrado, como curso Optativo de Formación General (con menos créditos y, finalmente, de menor peso en la malla curricular), para adoptar la modalidad de curso electivo de profundización(15) para 4º año de Arquitectura, eso sí, adscribiéndose como cátedra de Urbanismo Avanzado, dado que la malla curricular no admitía crear oficialmente el área de formación académica en vivienda.

Se planteó un curso compuesto por las siguientes fases:

· Introducción

· Fase exploratoria

· Fase de propuesta

· Desarrollo de ante-proyecto

· Elaboración del expediente

De esta manera se distribuyeron tanto la entrega de contenidos, como las actividades del caso de estudio (visitas a terreno, correcciones, entregas) conforme al avance del proceso requerido para el fin de postular al comité de familias con un proyecto en el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (SERVIU).

Experiencia, caso de estudio-aplicación

Una interesante instancia, se dio inicialmente cuando los alumnos dieron a conocer sus inquietudes respecto al tema habitacional y sus expectativas respecto al curso. Comprobamos entonces que el interés de muchos está en explorar la problemática habitacional porque sienten que el rol del arquitecto también está en su responsabilidad social y que se sintieron motivados ante la invitación a participar en un caso real.

Si bien, la idea inicial respecto a la metodología del curso contemplaba una primera parte teórica para proceder en una segunda etapa a la práctica, la realidad de tener a un grupo de familias esperando por una propuesta a sus necesidades de mejoramiento y los plazos de postulación al programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPF), nos condujo a avanzar paralelamente en las dos líneas metodológicas. Con esto, a veces, nos hallamos con la riqueza de enfrentarse a la realidad, adelantándose a la teoría y dejar que fuese descubierta espontáneamente y reafirmada e incluso analizada y discutida posteriormente en una clase.

En la primera fase de presentación, se entregaron nociones básicas conceptuales y se entregó a los alumnos, la información respecto al programa en el cual se trabajaría, previo a la primera visita a terreno.

En dicha visita, los equipos recibieron la identificación de las familias que les correspondía trabajar y procedieron visitar caso a caso. La tarea consistía por un lado en corroborar – a partir de planimetría de las viviendas originales del conjunto – el estado de cada vivienda, y reconocer alteraciones que había sufrido la estructura inicial; y por otro lado, hacer un levantamiento de la información del núcleo familiar, integrantes, necesidades y expectativas del proyecto, para ello, el equipo docente los apoyó junto a dos profesionales (una asistente social y un arquitecto) del SERVIU, quienes conocían mejor a los integrantes del comité. A raíz de esta actividad nos encontramos con una amplia diversidad de situaciones: a partir de una misma estructura de vivienda, los habitantes la habían adecuado a sus distintos requerimientos (con acertados y desacertados resultados) y las necesidades de ampliación solicitada tenían variados orígenes, pero, ante esta diversidad, primaba el acuerdo de realizar una propuesta común para las 30 familias, distinguiendo en ello a una comunidad organizada, con líderes que guiaban y con integrantes que procuraban mantener los acuerdos y colaborar.

De esa visita se desprendió el diagnóstico por parte de los alumnos. Más allá de los acuerdos de uniformidad, era evidente la diversidad de situaciones (tipos de familias, actividades que realizaban en su hogar, condiciones de discapacidad física, requerimiento de privacidad, alteraciones hechas a la vivienda original) para las que se requerían distintas soluciones. A partir de dicho diagnóstico los equipos formularon propuestas iniciales, tendientes a corregir irregularidades normativas (ampliaciones fuera de norma llevadas a cabo por los habitantes), situaciones de inhabitabilidad o simplemente propuestas de ampliación como respuestas a los requerimientos identificados.

Estas propuestas pasaron por una primera revisión en la que, además del equipo docente, participaron profesionales de la Dirección de Obras Municipales(16), quienes evaluaron las propuestas desde el aspecto normativo, catalogando las propuestas entre lo que estaba o no permitido. Ello sumado a las observaciones tanto de los compañeros como del equipo docente, respecto a la opinión sobre soluciones convenientes o inconvenientes desde aspectos formales, de habitabilidad, optimización de espacios, etcétera. Fue en instancias como éstas, en que las propuestas se sometieron a juicio de diversas opiniones, en busca de buscar mejores soluciones.

Una vez corregidas estas propuestas recurrimos a una segunda visita, esta vez con el comité reunido en la casa de uno de los dirigentes. Grande fue la sorpresa al darnos cuenta de que nuestro lenguaje de arquitectos (planimetría e imágenes virtuales) no se daba a entender ante nuestro “cliente” y que éste prefería las maquetas desmontables que exponía uno de los equipos. Y, coincidencia o no, la maqueta representaba mejor las expectativas del comité, logrando reunir en ella, las ideas que surgieron de la discusión colectiva conformada por las familias, los estudiantes y los docentes.

Con la opinión de las familias, sumada a la de los profesionales de la DOM y a las correcciones hechas en instancia de taller, se formularon las propuestas finales, cada vez, tendiendo más a ajustar las superficies y la materialidad, considerando el límite financiero con el que contaría el proyecto (subsidio de 90 UF, más ahorro de las familias de 5 UF (17)), gran desafío para quienes, en el adiestramiento cotidiano de proyectar como ejercicio académico, nos hemos visto ajenos de normativas y de presupuestos y al enfrentarnos a ello, caemos en cuenta de que nuestro ingenio se ve acotado.

Esta fue una lección que rescataron algunos alumnos de esta experiencia, es en lo pequeño, sencillo y restringido (espacial, financiera y normativamente) donde encontramos los mayores desafíos a nuestra creatividad y no, en cambio, en el escenario de un encargo en el que se deja libre determinación al arquitecto-diseñador. Porque cuando hemos criticado tantas veces las soluciones habitacionales para los más carentes y entramos luego en el ejercicio de la propuesta, nos percatamos de lo complejo que es innovar. Otra lección, a raíz de lo mismo, nos la dan muchas veces los mismos habitantes, quienes concientes del presupuesto con el que cuentan y, sobre todo, de las necesidades que tienen, logran resultados ingeniosos, que con nuestra formación (o ¿deformación profesional?) no habríamos imaginado.

Es por eso que debemos ser más humildes en nuestra labor, ya que somos quienes interpretamos los requerimientos de los habitantes, le damos forma acorde a lo posible, pero para ello debemos conjugar nuestros conocimientos con el saber escuchar, para poder interpretar de la mejor forma lo que requiere el mandante, sea éste, poblador o un personaje importante. Las necesidades básicas son las mismas, pero las expectativas a partir de otras necesidades son las que hacen la diversidad. Con nuestro rol, somos una pieza más de un gran engranaje, su funcionamiento depende tanto de nosotros como de los demás actores.

Afortunadamente, el trabajo de estos alumnos obtuvo como resultado la postulación de un proyecto de ampliación habitacional y con ello, la asignación de los subsidios correspondientes a las familias. Sin embargo, para ello debimos aunar las propuestas en una sola, pero con adaptaciones según los casos, puesto que los tiempos de preparación de expedientes, de aprobación por parte del municipio y de revisión por parte del SERVIU, como las condiciones de las empresas constructoras, hacen poco probable la presentación de un proyecto con tantas alternativas distintas, entonces nos damos cuenta que debemos truncar nuestros ideales de diseño flexible, estandarizando las soluciones al mínimo de opciones posibles, unas tres, pero que no impliquen grandes diferencias entre ellas, para no asustar a la empresa constructora que se comprometa a participar del proceso.

Hoy han transcurrido meses desde que el subsidio fuera asignado a las familias y aún nos encontramos a la espera de ligar a uno de los actores fundamentales dentro del proceso habitacional, en la etapa de ejecución de las obras(18). En parte, se debe a trabas propias del diseño del programa, pensado para pequeños empresarios (debido a que el volumen de obras es menor), sin embargo, la falta de confianza en las pequeñas empresas, por ser éstas catalogadas de menor categoría, condiciona a que el sector público, como resguardo, no otorgue facilidades financieras, como anticipos. Y entonces quedamos entrabados en que sin anticipos, una empresa pequeña no tiene las espaldas para sostener un avance de obras por sus propios medios.

Pero también la responsabilidad la podemos encontrar en la falta de voluntad de algunas empresas, en aquellas que sí podrían sobrellevar un avance de obras bajo las condiciones del programa; pues no se sienten animadas a participar porque el volumen de obras será proporcional a las utilidades, y en su rol como privado, prima su interés de lucro.

¿Y nuestra responsabilidad como diseñadores? Acostumbrados a proyectar sobre papel – hoy en día, más bien, en el computador –, nos encontramos en una gran encrucijada cuando se trata de ponerle valor a cada centímetro que proyectamos y entonces nos vemos a nosotros mismos bajando los estándares que pretendíamos mejorar inicialmente. Evidentemente que será de gran utilidad someternos más continuamente a ejercicios como éste, para darnos cuenta de que nos falta adiestramiento para ser capaces de proponer soluciones viables y replicables bajo las condiciones que sea.

Por todo lo anterior, desprendemos que indudablemente las lecciones no sólo fueron para los alumnos, sino también para el equipo docente, por cuanto en la labor académica respecto a que la formación de arquitectos-diseñadores no estamos entregando las herramientas que impliquen formular propuestas factibles en lo financiero (tan fundamental cuando ése ha sido siempre el tope); y especialmente en el rol como arquitectos, el desafío que se nos presenta está en saber responder a los habitantes que nos requieren; en cada escenario, sea éste favorable o adverso, siempre siendo fieles a nuestra misión en la sociedad.

BIBLIOGRAFÍA

Assael, David; Muñoz, Francisca. 2008. “Visión y competencias de nuevos arquitectos: Mapa de las escuelas de arquitectura en Chile 2008”, Revista CA 134.

HARAMOTO, Edwin. 1998. Conceptos básicos sobre vivienda y calidad: Qué significa apreciar o valorar la calidad de la vivienda. Qué aspectos de la vivienda se pueden y se deben medir o valorar. Instituto de la Vivienda. Santiago, Chile.

LOBOS, Jorge. 2008.Necesidad de cambios en la enseñanza: El rol del Arquitecto”. En: Revista CA nº 134. Santiago, Chile.

Mac Donald, Joan. Vivienda progresiva. Corporación de promoción universitaria. Santiago. 1987.

SEPÚLVEDA, Rubén. Et Al. 2005. Hábitat residencial y proceso habitacional. El modelo habitacional. Instituto de la Vivienda. Santiago, Chile.

SEPÚLVEDA, Rubén. Et Al. 2005. Mejoramiento del Parque Habitacional. Instituto de la Vivienda. Santiago, Chile.

Pelli, Víctor. 2007. Habitar, participar, pertenecer: acceder a la vivienda: incluirse en la sociedad.

Romero, Gustavo. Mesías, Rosendo (Coord.). 2004. “La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat”. Cyted, México.

Notas:

(1)A modo de resumen, es posible afirmar que:

La carrera de arquitectura en Chile es impartida en 44 escuelas, en 32 universidades. Existen 18 escuelas de arquitectura sólo en Santiago, 13 en el norte y 13 en el sur del país. En primer año de arquitectura 2008, se matricularon 1.976 alumnos, dentro de un universo de sólo 26 escuelas, no de las 44 que existen. En 2007, se titularon 869 arquitectos, dentro de un universo de 26 escuelas. Existe un promedio de 76 alumnos matriculados por escuela, lo que supone un total de 3.340 alumnos matriculados por año en 44 escuelas a nivel nacional. Existe un promedio de 33,42 arquitectos titulados por escuela, lo que supone un total de 1.470 arquitectos titulados por año en 44 escuelas a nivel nacional. El promedio de duración de la carrera es de 11,5 semestres. La mayoría de las escuelas la carrera tiene una duración de 10 semestres y 2 semestres de proceso de titulación. Datos obtenidos del artículo: Visión y competencias de nuevos arquitectos: Mapa de las escuelas de arquitectura en Chile 2008, Revista CA 134.

(2) Algunos datos: De los 6.600 millones de seres humanos que hoy viven en el planeta, dos tercios –es decir, 4.400 millones de personas – no tienen acceso a ningún producto formal de la arquitectura: proyecto, material, sistema industrializado, profesional, ayuda gubernamental, instalación eléctrica, Internet, etc.

En un estudio realizado por el postítulo de asentamientos humanos de la Universidad Politécnica de Madrid, se descubrió que sólo el 10% de los arquitectos del planeta se dedica al diseño arquitectónico. De ellos, a su vez, solo el 10% se dedica al diseño por encargo, es decir, el 1% del total y generalmente en los sectores más acomodados del planeta. Esto resulta una gran paradoja, pues gran parte de la enseñanza de arquitectura tiene la modalidad del diseño por encargo. De hecho, es suficiente analizar la modalidad de titulación de la mayoría de las universidades en el mundo, donde el proyecto arquitectónico es un edificio. Es decir, estudian un tema que, con suerte, el 10% de ellos logrará aplicar en su vida profesional. Datos de JORGE LOBOS en Articulo ”Necesidad de cambios en la enseñanza: El rol del Arquitecto”, REVISTA CA 134)

(3) Comprendiendo que la familia es la unidad básica de la sociedad, sin embargo este núcleo puede estar compuesto por personas que no necesariamente presentan un lazo consanguíneo y que, incluso, este núcleo puede ser unipersonal.

(4) La participación en el diseño urbano y arquitectónico en la producción social del hábitat” Coord. Romero, Gustavo. Mesías, Rosendo. Cyted, México, 2004.

(5) Idem.

(6) Habitar, participar, pertenecer: acceder a la vivienda: incluirse en la sociedad

(7) Mac Donald, Joan. Vivienda progresiva. Corporación de promoción universitaria. Santiago. 1987.

(8) Un alto porcentaje de déficit para una población aproximada del país, de 13 millones de habitantes para ese entonces.

(9) Beneficio, entre comillas, puesto que para muchos, irónicamente la solución de un problema trajo consigo nuevos problemas, prueba de ello es el estudio realizado hace unos años, el que indicó que el problema principal ya no era de los sin techo, sino que el de “los con techo” (Rodríguez, Sugranyes. 2004).

(10) Y muy técnico, siempre con un énfasis en lo constructivo, debido a una formación muy sectorialista del problema, carente de una visión integral y multidisciplinaria.

(11) En la publicación “Mejoramiento del Parque Habitacional” (Rubén Sepúlveda O. Et al., 2005) se exponen tres experiencias de mejoramiento residencial: el proyecto de mejoramiento urbano y habitacional de la Villa Paula Jaraquemada; la ampliación de viviendas básicas a media altura en conjuntos habitados de la Población Los Quillayes; y el programa de Vivienda Progresiva, modalidad Densificación Predial en la comuna de Huechuraba.

(12) Obsolescencia en su noción más amplia, referida a cuando las viviendas o el equipamiento del entorno no cumple con los requisitos para responder a las necesidades de sus usuarios, por ejemplo incapacidad del sistema eléctrico, incapacidad en la dotación de recintos y superficies.

(13) En junio de 2006 fue anunciada por la Presidenta de la República, la Política Habitacional de Mejoramiento de la Calidad e Integración Social”, con medidas de aumento de financiamiento por parte del Estado, tendiente a aumentar las exigencias del estándar habitacional, promover la compra de terrenos mejor ubicados en la ciudad (próximos a servicios básicos), fomentar la dotación de equipamiento comunitario, entre otras.

(14) Comuna ubicada en la periferia de la ciudad capital de Santiago.
(15) Se trata de alternativas de cursos avanzados en las distintas áreas de formación: urbanismo, teoría, historia de arquitectura, construcción o estructuras, que el alumno puede escoger según sus intereses para profundizar en temas específicos.

(16) La DOM es la unidad local, dependiente del municipio, encargada de velar por el cumplimiento de la normativa que regula las edificaciones, y con ello tiene la facultad de otorgar o rechazar el permiso de edificación de un proyecto.

(17) La UF equivale a 20.000 pesos chilenos, aproximadamente, y 1 dolar equivale a 550 pesos chilenos, aprox. .

(18) Las obras de construcción se comenzaron el 30 de marzo de 2009, y al día de hoy, 14 de julio, se han intervenido 18 viviendas.

5 de octubre de 2009, Día Mundial del Hábitat: una oportunidad para debatir sobre la ciudad que queremos

$
0
0

Por Jorge Larenas Salas

Director INVI

Es posible plantear que la preocupación por el hábitat debe ser una tarea central de las sociedades pues ella interpela aspectos fundamentales del desarrollo, tales como la integración (o fragmentación) y la inclusión (o exclusión) de sus miembros. El hábitat hace referencia a los asentamientos humanos que no son meros agregados de individuos sino que son el resultado de procesos sociales, políticos, económicos y culturales de largo aliento. Lo anterior quiere decir que nuestro hábitat no es “natural” sino que es socialmente construido y refleja las tensiones y disputas que atraviesan a las sociedades, produciéndose a la vez una relación dialéctica entre hábitat y sociedad, siendo cada uno de ellos estructurante y estructurado respecto del otro.

Por otra parte, considerando que la población del planeta vive mayoritariamente en áreas urbanizadas podemos hacer un símil entre hábitat y ciudades, por lo que la reflexión en torno al hábitat podemos situarla expresamente en el ámbito de la vida en las ciudades. Al respecto, las ciudades contienen en su interior múltiples formas urbanas que denotan -a modo de capas superpuestas- los distintos modelos de organización en torno a proyectos de desarrollo consensuados en los grupos dirigentes de las épocas respectivas. En esa línea es posible “leer” la amplitud y profundidad de la democracia urbana imperante en los distintos períodos históricos por los que ha atravesado la sociedad y su expresión tajante y concreta en el espacio urbano.

Así, en la trama urbana de nuestras ciudades, particularmente en Santiago de Chile, podemos distinguir trazos de la ciudad construida en el marco de un Estado Oligárquico, la cual combinaba palacetes con conventillos e indicios de acciones públicas de tinte filantrópico; esbozos de una ciudad republicana planificada desde un proyecto inconcluso de Estado de Bienestar que buscó trastocar las tendencias excluyentes del primer siglo de nuestra historia independiente; y la implantación de una ciudad que expresa un proyecto institucional que legitima un uso del espacio urbano extendido y segregado a la vez que tiende a minimizar el rol del Estado en la construcción de ciudad.

Sin duda que las ciudades chilenas de hoy evidencian de manera certera las enormes desigualdades que la propia sociedad ostenta: la distribución del ingreso en el territorio es manifiesta; la posibilidad de participar equitativamente en el acceso a bienes y servicios está fuertemente coartada por la ausencia de un sistema que garantice estándares mínimos y produciéndose dualidades entre servicios públicos y privados; y quizás lo más complejo está dado por la ausencia de mecanismos inclusivos en la toma de decisiones para amplios sectores sociales respecto de los destinos de sus ciudades.

Ahora bien, el proceso que ha venido instalándose en la agenda internacional respecto a las cuestiones del hábitat desde la convocatoria, en 1976, a la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I) y que tuvo como resultado concreto la creación de una agencia especializada en la figura del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), y al cual se ha logrado articular la sociedad civil desde la proliferación de las cumbres mundiales de los años noventa que en el tema que nos convoca se manifestó en Hábitat II desarrollado en Estambul en el año 1996. A la luz de estos acontecimientos, podemos decir que globalmente se ha instalado la idea de que los destinos de las ciudades no son sólo tareas de Estado sino que involucran también a la sociedad civil y que ésta debe participar crecientemente en su construcción.

Sin embargo, esta idea no necesariamente ha encontrado eco en el “modelo” de construcción de ciudad imperante en nuestro país, el cual sigue respondiendo a los grandes intereses corporativos que en la práctica promueve la inclusión de algunos (aquellos que disponen de una combinación de capitales para jugar con las reglas del mercado) a cambio de la exclusión de otros (los que requieren de políticas sociales -de carácter compensatorias- para acceder a algunos bienes y servicios).

Una pésima señal al respecto, es la ausencia de un debate profundo sobre estos temas en el escenario electoral en el cual nos encontramos, pues no ha habido mayores indicios respecto a como enfrentar los desafíos que enfrentan nuestras ciudades. Pareciera ser que no es un tema relevante en la agenda pública de nuestro país.

Por ello, y más allá de que sea una conmemoración emanada desde una agencia multilateral como UN-HABITAT, la conmemoración del Día Mundial del Hábitat ofrece una oportunidad para discutir y reflexionar sobre la ciudad que queremos desde la perspectiva de un nosotros amplio y sin exclusiones.

Al respecto, una señal sustantiva y que es preciso irradiar hacia la agenda pública nacional es el contenido de la convocatoria de este año: Planificando nuestro futuro urbano. Una lectura concisa de esta convocatoria permite distinguir dos poderosas ideas que han estado relativamente ausentes de nuestras políticas urbanas: la primera hace referencia a la necesidad de reinstalar mecanismos más sustantivos de planificación urbana que promuevan un crecimiento más ordenado y orgánico de las ciudades y contrarrestar los efectos de una urbanización acelerada y descontrolada, situación que no sólo afecta a nuestras metrópolis sino que al conjunto de nuestras ciudades, poniendo en riesgo no sólo el medio natural sino fundamentalmente la calidad de vida de sus habitantes. La segunda idea interpela al modo en que deben instalarse los esfuerzos planificadores, puesto que las cuestiones del hábitat y de la ciudad nos interpelan a todos, las estrategias de planificación deben vincularse de manera efectiva con las aspiraciones, expectativas y necesidades del conjunto de los habitantes y no responder de manera diferenciada beneficiando como hasta ahora a aquellos sectores que poseen capacidades para incidir en la toma de decisiones (un ejemplo claro es el efecto diferenciado que las presiones de vecinos han tenido en los grandes proyectos de autopistas urbanas realizados en la última década en Santiago).

Otro elemento potente que se instala en la agenda internacional y que debemos contribuir a instalarlo en el debate nacional tiene que ver con la convocatoria al Foro Urbano Mundial 5, que se realizará en marzo próximo en Río de Janeiro y cuyo lema será el “Derecho a la Ciudad: Uniendo el urbano dividido”.

El desafío, por tanto, es instalar un debate transversal respecto a las ciudades que queremos y en ello hacemos una invitación desde la academia para involucrarnos en estas tareas, que es un compromiso de todos y que no implica poner en riesgo los necesarios procesos de reproducción del capital y del poder político, sino que se trata en ponerlos en sintonía con las aspiraciones de la sociedad en su conjunto. En otra palabras una ciudad de todos y para todos.

Reconstrucción con participación: la propuesta del derecho a la ciudad

$
0
0

Por Claudio Pulgar Pinaud  (@cpulgarpinaud)

Académico INVI y Director de Extensión FAU

Han pasado 3 meses desde el terremoto y maremoto que azotó a Chile el 27 de febrero de 2010. Durante este periodo, en muchos espacios de discusión se ha dicho que la reconstrucción es una oportunidad para desplegar estrategias de desarrollo sostenible, que promuevan la construcción de mejores ciudades, con mayores grados de ciudadanía, todo ello pensando en el largo plazo. Sin duda que se trata de buenas intenciones que muchos compartimos, pero ¿cómo hacerlas realidad?

En los hechos, sin embargo, coexisten tremendas diferencias de enfoques para afrontar la reconstrucción. Por un lado el gobierno ha apoyado que la reconstrucción en algunas zonas devastadas, siguiendo el modelo de New Orleans, la realicen grandes grupos empresariales (Grupo Hurtado Vicuña en Talca, Cencosud en Talcahuano, por citar los dos casos más emblemáticos);  y por otro lado distintos actores de la sociedad civil (ONGs, organizaciones sociales, Universidades) han manifestado su demanda por iniciativas que recurran a acciones de participación vinculante en la reconstrucción. Lo interesante es que algunas autoridades locales se han unido a esta propuesta de la sociedad civil, la cual se aproxima  a la experiencia basada en la participación que tuvo la ciudad colombiana de Armenia para su reconstrucción.

Siguiendo a Bourdieu, sabemos que la participación se entiende de distinta manera dependiendo de la posición que ocupemos en el espacio social. También sabemos que hay diferentes modos de participación, siendo la más habitual aquella que se circunscribe a la información o a la simple consulta de planes ya realizados. Desde nuestro punto de vista la participación es más compleja y profunda que sólo información y consulta, e implica involucramiento de los actores desde los orígenes de los procesos hasta sus concreciones, así como en su seguimiento. Se trata entonces de procesos de empoderamiento, donde la participación es vinculante, entendida además en el sentido amplio de profundización democrática. La participación debe ser entendida como gobernanza, entendida ésta como redistribución del poder desde el Estado a los actores sociales.

En un nivel más práctico, se reconoce la existencia de diferentes ámbitos posibles de abordar con enfoques participativos: por ejemplo en el diseño de las políticas públicas, en la planificación urbana, en la configuración barrial, en el diseño de la vivienda, entre otras.  Se reconoce también que la participación puede darse en distintas etapas: participación en los diagnósticos, en los objetivos, en la programación y planificación, en los diseños, en la realización o hasta en la operación y gestión de los proyectos.
Existe otra arista de la reconstrucción en la que no profundizaremos la mirada aquí, pero que es muy importante tener en cuenta, ésta es la del mercado del suelo post-terremoto. Son muchas las denuncias de especulación que han aparecido en algunas ciudades devastadas, ejemplos claros en los centros de Talca y Talcahuano. El rol que juegue aquí el Estado será clave para regular abusos especulativos y procesos de expulsión de habitantes. Está en juego el rol público del Estado, y de sus instrumentos para resguardar y velar por el bien común, a esto debemos agregar la ampliación de lo público, incorporando a otros actores en las decisiones en el camino de la gobernanza, desde el enfoque de concebir las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad como premisas básicas.
Lo que han logrado las políticas públicas subsidiarias de los últimos treinta años en Chile, especialmente en el tema urbano-habitacional, ha sido convertir a los habitantes en simples beneficiarios, los cuales son asistidos por programas sociales, siendo sólo objetos focalizados de la política pública. La visión “negativista” [1] desde el Estado hacia los territorios devastados posteriormente al terremoto y maremoto, podría convertirse en terreno fértil para fomentar la gentrificación, la expulsión de los habitantes, y luego la segregación física y simbólica. Proponemos una mirada diferente hacia las zonas siniestradas, la cual además coincide con el enfoque de derechos en políticas públicas centradas en el habitante.
Podemos hacer referencia al concepto de alienación, instaurado por la política habitacional subsidiaria, entendido como esa situación “impuesta en todas la facetas de la vida cotidiana del individuo por instituciones y organizaciones que no permiten su participación en la provisión de servicios”[2]

Turner culpa de esta alienación, a los sistemas heterónomos, administrados centralmente y dependientes de grandes estructuras piramidales de crecimiento continuo, basadas en tecnologías centralizadoras [3]  .Se refiere a la reducción de la libertad cotidiana, fundamentada en una actitud feudal por parte del Estado hacia las clases sociales. Señala que esta actitud no es responsabilidad exclusiva de los políticos o dirigentes, sino que también de profesionales y funcionarios que implementan las políticas, y que tienden a considerar a los ciudadanos “comunes” -los habitantes- dependientes de ellos y de sus decisiones como expertos. Todos, políticos y profesionales realizan una “administración de servicios a unos beneficiarios dependientes, cuya ignorancia e incapacidad se dan por sentadas”, poniendo en práctica una forma de relación paterno filial y de dependencia entre el Estado y los pobladores .[4]

Se trata de entender el rol eminentemente público del Estado, plantearlo como necesario para la existencia de ciertas instituciones, estructuras, regulaciones y financiamientos, pero con mayores grados de gobernanza, es decir, redistribución del poder y de las decisiones; e insistimos en que la responsabilidad tiene que ver también con el paradigma que manejan los supuestos “expertos” -los profesionales- los ejecutores de la política, quienes, no dan espacios de participación a los pobladores.

Muchos enfoques de políticas públicas, así como de investigaciones académicas, consideran a los habitantes en este caso para el proceso de reconstrucción post terremoto sólo como objetos o problemas a resolver por las políticas sociales, urbanas, habitacionales, etc., pero pocas veces se los plantea como protagonistas de los procesos, ya que los territorios no son entendidos como espacios con potencialidades emancipatorias.

Un camino para avanzar en este sentido sería adoptar el enfoque de derechos en políticas públicas, las cuales se basan en la participación de los habitantes en el diseño e implementación de las mismas. Se trata de entender a los habitantes ya no como meros receptores de la política pública, sino que como sujetos de derechos, actores y protagonistas de los procesos de (re)construcción del tejido urbano y social. En específico la propuesta del derecho a la ciudad nos entrega un marco para el diseño de políticas públicas urbano-habitacionales con enfoque de derechos humanos, con ejes claros y estratégicos como: el ejercicio plena de la ciudadanía, la función social de la ciudad y el suelo; su gestión y producción democrática; el manejo sustentable de los recursos naturales y  energéticos; y el disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Como dice Harvey: “El derecho a la ciudad no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto”, he ahí la oportunidad que nos brinda la reconstrucción, en el sentido de aprovechar la tragedia para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, lo que implica implementar políticas , planes y proyectos que se basen en el bien común y se centren en la participación vinculante, por el contrario la reconstrucción no debiera transformarse en una coyuntura para hacer negocios inmobiliarios.

Para implementar una política de reconstrucción con enfoque de derechos, es necesario un cambio de paradigma amplio, que incluye a los políticos, a los diseñadores de políticas y a los ejecutores de éstas, y especialmente a los propios habitantes, suponiendo que estos roles estancos empiezan a “movilizarse”. Mayores grados de participación y empoderamiento en el camino hacia el derecho a la ciudad, son base fundamental de un proceso de reconstrucción participativo y sustentable.

Juegan un rol clave en este proceso las organizaciones de base y las entidades de la sociedad civil, y en especial las universidades públicas, desde nuestro rol crítico y a la vez propositivo, planteando enfoques para abordar el diseño de políticas públicas, y su implementación a  través de proyectos desarrollados con las comunidades.

Referencias:

[1] Esta visión entiende que los habitantes no tienen capacidades, sino que sólo son excluidos.

[2] (Ruiperez, 29).    Ruiperez, Rafael. ¿quién teme a los pobladores ? Vigencia y actualización del Housing by people de John Turner frente a la problemática actual de hábitat popular en América Latina. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, Bogotá. 2006.

[3] (Turner: 31). Turner, John. Vivienda, todo el poder para los usuarios. Hacia la economía en la construcción del entorno. H. Blume editores, Madrid, 1977. Título original Housing by people, Marion Boyars publishers, London, 1976.

[4] (Ruiperez: 30). Ruiperez, Rafael. ¿quién teme a los pobladores ? Vigencia y actualización del Housing by people de John Turner frente a la problemática actual de hábitat popular en América Latina. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Artes, Bogotá. 2006.

Antanas Mockus y el derecho a la ciudad justa en Chile

$
0
0

Por Claudio Pulgar Pinaud, Académico INVI (@cpulgarpinaud)

El jueves 25 de noviembre se realizó el seminario “El derecho a la ciudad justa” organizado por  la Municipalidad de Maipú. El invitado central fue Antanas Mockus, ex Rector de la Universidad Nacional de Colombia (equivalente a la Universidad de Chile) a principios de los noventas, justo después de que la Asamblea Constituyente Colombiana redactará y promulgará  la democrática y progresista constitución de 1991. Mockus desde el mundo académico -es filósofo y matemático- pasó a ser Alcalde mayor de Bogotá D.C. en dos períodos, primero de 1995 a 1997 y luego de 2001 a 2003, instalando un nuevo estilo de hacer política local centrada en la cultura ciudadana y el espacio público. Y además fue el candidato revelación en las últimas elecciones presidenciales en Colombia, pasando a segunda vuelta como carta del Partido Verde.

Bogotá era en la década de los noventa una de las ciudades más inseguras del mundo, además de tener condiciones precarias de equipamientos urbanos, caos en el transporte público y una gran disparidad en la distribución de los servicios públicos, entre otros. La gestión a cargo de Mockus en la alcaldía, y luego de Peñaloza y Garzón , alcaldes independientes que siguieron la línea “ciudadana” del primero, transformaron la ciudad en un ejemplo de gestión urbana y de inclusión. Entre los proyectos emblemáticos estuvo el Transmilenium, la construcción de escuelas y bibliotecas públicas, la red de ciclovías, la recuperación de los espacios públicos, regularización de los “barrios informales” y en especial la instalación profunda de la “cultura ciudadana”, entre otras iniciativas.

En su charla magistral en Chile Mockus habló de temas trascendentes en la ciudad, pero desde un enfoque cercano y  académico, sin complicaciones ni tecnicismos, sino que con muchos ejemplos y anécdotas. Habló de cómo pasó de liderar la reforma en la Universidad Nacional de Colombia como Rector, instalando el tema de la cultura ciudadana, que luego llevaría a la Alcaldía de Bogotá.  Descubrió en la reforma universitaria, que todo lo que está en el papel se puede modificar, pero cambiar las prácticas es más difícil, y a eso apuntaba el nuevo paradigma de ciudadanía.

Desde una perspectiva centrada en la ética y la alteridad dialogó en un formato de asamblea con el público asistente al seminario en Maipú, haciendo un interesante ejercicio de participación e involucramiento de la gente en la discusión. Preguntó por ejemplo ¿por qué se guían más para actuar: por intereses, razones o emociones?, relevando nuestro papel como sujetos morales, legales y sobre todo culturales. Habló de lo normativo desde lo punitivo y el reconocimiento social, con ejemplos como los mimos o las tarjetas de “buen ciudadano” (al estilo de un árbitro de fútbol) que instaló en las calles de Bogotá durante su gestión, elementos provocadores centrados en la educación ciudadana.

Constató que una ciudad justa tiene que ver con los tributos y para quién van dirigidas las plusvalías urbanas, aclarando que “la gente estará dispuesta a pagar más tributos cuando los recursos públicos sean bien manejados”, destacando la transparencia en la gestión pública. Ejemplificó el tema de los tributos con datos internacionales como que en Guatemala se tributaba menos del 12% de su PIB, en Colombia el 22 %, en Brasil y EEUU el 35%, en Francia el 44% y en el norte de Europa más del  50%, llegando ahí a altísimos niveles de vida. Reconoció que “América latina debe bien manejar sus recursos públicos, con la consigna recursos públicos son recursos sagrados”.

Frente al tema urbano destacó que el espacio público es limitado, “entonces hay que priorizar empezar por los peatones, los ciclistas, el transporte público y al final los carros (autos)”. Es importante destacar la red de ciclovías que se ha construido en Bogotá en los últimos años. Tuve el placer de conocerlas y usarlas, y realmente funcionan como un elemento integrador del tejido urbano, dada su interconexión, como sus grandes distancias y el alto nivel de diseño.

Expuso otra interesante anécdota sobre el proceso de expropiación de una cancha de golf de un exclusivo club que había quedado inserto en la trama urbana,  para hacer un parque público. De cómo había costado convencer a los privados de lo necesario de la operación en beneficio del bien común. Ejemplo interesante que podría replicarse en Santiago donde existen muchos espacios verdes privados que podrían convertirse en espacios públicos.

Hizo importante hincapié en la ampliación de la oferta de la educación pública, fomentando la construcción de escuelas públicas y de cómo no sólo los más pobres, sino también la clase media se empezaron a ver apoyados por estas políticas. Tema muy pertinente con la contingencia en Chile y el rol del sector público frente a la educación.

Contó como en varias editoriales del Diario El Tiempo de Colombia, un equivalente a El Mercurio, lo habían tildado de  tener una posición de “fundamentalismo anti clientelista”, cosa que más que molestarle le pareció un alago, debido a la cultura clientelista instalada en la política colombiana, y porque no latinoamericana. Frente al tema de la corrupción dijo que otro de sus lemas junto a su equipo de trabajo era “nunca ofrezcas o pidas en privado lo que no podrías hacer en público”, destacando el rol de la transparencia máxima en la gestión pública.

Luego en el almuerzo, al que invitó el Alcalde de Maipú Alberto Undurraga a algunos actores del mundo académico,  pudimos conversar más profundamente sobre la participación y el mejoramiento de los barrios de Bogotá, desde el entendido que en la capital colombiana más del 40% de la ciudad es “informal”, es decir, urbanizada por sus propios habitantes, y en este territorio vive el 60% de la población.

Conversamos del rol de la academia y su vinculación con la política, así como sobre cómo podíamos influir en las políticas públicas. El tema central tiene que ver con instalar la cultura ciudadana, que no es más que democratización y participación vinculante de los actores sociales.

Discutimos también sobre las perspectivas del Partido Verde colombiano, que con la sorprendente campaña presidencial se convirtió en la segunda fuerza política del país caribeño, con una propuesta muy potente que recoge la experiencia de la cultura ciudadana instalada por Mockus en Bogotá, y continuada por otros alcaldes como Peñaloza y Garzón, así como por otro académico-político no tradicional ex Alcalde de Medellín, Fajardo, todos aliados y unidos en el Partido Verde, que al parecer entusiasma muchísimo a los jóvenes urbanos que se habían mantenido alejados de la participación política.

Para los que venimos trabajando hace un tiempo desde el enfoque de derechos en políticas públicas y especialmente desde la propuesta del derecho a la ciudad (desde los enfoques de Lefebvre a Harvey, pasando por Ortiz en América Latina), agradecemos que se ensanchen y multipliquen los espacios de discusión de estos temas, especialmente desde los gobiernos locales, porque claramente además del rol movilizador de la sociedad civil se necesitará de la voluntad política de otros actores, especialmente locales,  para instalarlos en la agenda pública nacional. Además vemos en el perfil de Antanas Mockus un claro ejemplo del rol político y propositivo que deben llegar a jugar los académicos comprometidos con lo público.

Asamblea ciudadana de Magallanes y la emergencia de los movimientos sociales urbanos, ciudadanos y territoriales en Chile

$
0
0

Por Claudio Pulgar Pinaud, Académico INVI (@cpulgarpinaud)

Hemos visto durante enero de 2011 cómo surgió con fuerza el movimiento regional denominado “Asamblea ciudadana de Magallanes” para manifestarse en contra del alza del gas en su austral región. Las perspectivas de la asamblea son más amplias que sólo el tema del gas: regionalización verdadera, mayor participación y democratización, así como temas ambientales. El martes 18 de enero han logrado un importante triunfo político frente al gobierno de Piñera al parar el alza del gas,  aumentar los subsidios para la región, exigir una ley que permita contar con una tarifa permanente para el gas en Magallanes, “expulsar” al ex Ministro Raineiri por su mal manejo del conflicto y paralizar a toda una región del país durante una semana.

El  rol que ha jugado la “Asamblea ciudadana de Magallanes” en las movilizaciones de enero de 2011, indica que logró “ser más representativa que congresistas y alcaldes de la zona”. El periodista Tomás Mosciatti, de Radio Bío Bío, lo sintetizó así “posiblemente lo que está pasando en Magallanes sea el inicio de una revolución en las regiones“  , dándole más densidad al movimiento, y anunciando entre líneas la emergencia de nuevos actores políticos: los ciudadanos organizados transversalmente.

Pocos días antes del “Puntarenazo” en el sur de Chile,  en Santiago los ciudadanos lograron detener un proyecto de la Municipalidad de Santiago que pretendía pavimentar parte del Parque Forestal , el movimiento logró parar el proyecto y echar pie atrás al alcalde Zalaquett (UDI), poniendo nuevamente en la agenda pública el tema de la participación ciudadana vinculante y la crítica a las decisiones tecnocráticas, centralizadas, sin participación de la ciudadanía y ajenas a la realidad como han sido la misma propuesta del alza del gas en Magallanes o una más antigua como la implementación del Transantiago, que afectan la cotidianidad de la ciudadanía.

El terremoto del 27F de 2010 y los posteriores conflictos que se han generado por el proceso de reconstrucción en diferentes territorios se pueden entender como motores de la organización social. El cabildo realizado en Talca , una de las ciudades interiores más golpeadas, y la creación del movimiento ciudadano “Talca con tod@s” dan cuenta de este fenómeno de participación de la ciudadanía, que ya no está esperando a que las autoridades le pregunten o los inviten a participar –cosa que no pasa-, sino que se autoconvoca y se organiza a partir de la autogestión y la autonomía de los partidos políticos tradicionales (derecha y concertación) para generar movimientos ciudadanos con fuerte base territorial.

En Santiago el caso de la “Asamblea de vecinos por la reconstrucción de la Villa Olímpica”  ha sido otros de los casos emblemáticos de organización post terremoto , logrando instalar el tema de la reconstrucción y la exigencia de la participación de los vecinos en el proceso. De hecho durante 2010 hemos realizado desde el INVI una investigación para discutir sobre la operacionalización del derecho a la ciudad en este territorio, a partir de la observación de cómo se desarrollan los procesos de participación, empoderamiento y acción entendidos desde los ejes del derecho a la ciudad como el “ejercicio pleno de la ciudadanía” y “gestión democrática de la ciudad” ambos relacionados directamente con la “producción democrática de la ciudad”.

Hay otra organización que actuó frente al terremoto, pero que venía conquistando victorias desde antes,  se trata de los “Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay”  quienes entre otros importantes hitos lograron declarar zona típica al histórico barrio capitalino salvándolo del apetito de los inmobiliarias que hace años venían acechándolo. Hoy además tienen vigente una escuela de artes y oficios, y han levantado junto a otros territorios una organización nacional denominada “Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales” para proteger el patrimonio desde la sociedad civil organizada.

Existen organizaciones que han nacido para resistir algún proyecto o modificación de regulación urbana que los afectará. Así nació hace ya una década “Ciudad Viva” para impedir que la autopista concesionada Costanera Norte arrasará con el barrio Pedro de Valdivia norte-Bellavsita-La Chimba, logrando que su construcción se realizará bajo el río Mapocho. Hoy ésta organización se ha consolidado, convirtiéndose en un  autodenominado “Centro de Urbanismo Ciudadano”.

Otro hito han sido los ciudadanos que se han opuesto a modificaciones a sus planes reguladores o a proyectos urbanos, logrando interesantes resultados como los vecinos de Vitacura que lograron “obligar” a su Alcalde a través de la controlaría a realizar un plebiscito en el que ganó el “NO” a las modificaciones propuestas por el Municipio. Lo mismo pasó en Las Condes donde los vecinos  se organizaron para impedir que un centro comercial de Cencosud se instalará en el barrio de Martín de Zamora. En esa misma línea, aunque con un “ruido” comunicacional menor, los vecinos de Pedro Aguirre Cerda y hoy los vecinos de Peñalolén luchan contra las modificaciones a los planes reguladores que tildan de gentrificadores, “expulsadores de pobres”, hechos a la medidas de los inmobiliarios y no de los vecinos.

Estos días otros grupos están organizados en contra de ampliar los límites urbanos de Santiago incluidos en el PRMS100 del MINVU y la Intendencia,  agrupadas en “Santiago a escala humana”  . Destacamos el rol comunicacional que ha tenido la agrupación “defendamos la ciudad” durante los últimos años instalando la discusión sobre los temas urbanos. Muchas de las organizaciones que hemos nombrado han participado en las celebraciones del día mundial del hábitat que organiza el INVI y el Observatorio de Vivienda y Ciudad desde hace 3 años, y luego de esto han comenzado a articularse desde distintas coordinaciones.

Finalmente no podemos dejar fuera quizás a los más importantes y constantes actores del movimiento social urbano en Chile: los pobladores. Los antecedentes dicen relación con la historia de los movimientos de pobladores en Chile y uno de sus hitos más importantes lo encontramos en la toma y la posterior creación de la población La Victoria en 1957 . A partir de esa fecha el movimiento de pobladores se fue convirtiendo en un actor relevante dentro de la política nacional, así como dentro de la construcción de la ciudad y la definición de las políticas públicas.

Desde la poblaciones de la ciudades de Chile destacamos al “Movimiento de Pobladores en Lucha” (MPL) de Peñalolén   que ha logrado una notoriedad importante al conseguir convertirse en EGIS y Constructora, para construir viviendas de manera autogestionada en su propia comuna. Además tienen un Concejal en el Municipio, Lautaro Guanca, entre otras variadas inicitivas vinculadas al territorio. Hoy existen movimientos similares al MPL en otras comunas de Santiago como el Movimiento Pueblo sin Techo (MPST)  en la Pintana y el Movimiento por la Dignidad (MPD) en Lo Barnechea.

Otra forma de participación y construcción social ha sido el activo movimiento de deudores habitacionales, conocido como “Andha Chile a Luchar Democrático”, quienes han tenido importantes logros al instalar el tema de los Deudores en la opinión pública, condonar deudas y ha realizado importantes manifestaciones públicas como la toma del río del Mapocho durante 2009 . Finalmente la confluencia de distintos movimientos de pobladores, como los precedentes, ha dado forma a una organización que pretende aglutinar al movimiento de pobladores de todo el país:  la Federación Nacional de Pobladores , que ya ha tenido movilizaciones y que está construyendo un propuesta de política habitacional.

Claramente hay diferencias entre todos estos movimientos, especialmente en cuanto al  capital social que manejan (la agenda de contactos y el nivel de influencias) lo que se ve reflejado en su aparición en los medios y en el alcance que tienen sus denuncias, movilizaciones y propuestas. Por otro lado tienen agendas distintas y pertenecen a grupos socioeconómicos diferentes, es decir, hay condiciones de clase distintas. Hay que destacar el rol clave que tienen en el desarrollo de los movimientos de hoy las redes sociales como twitter, facebook y la web en general, que logran contrainformar o convocar llegando un cierto grupo de medios de comunicación, especialmente a los “alternativos”.

No todos estos movimientos que hemos descrito son iguales, no tienen las mismas agendas, ni los mismos objetivos políticos, y en ese sentido, siendo reduccionistas como en cualquier clasificación, encontramos 3 tipos de organizaciones:

-Movimientos ciudadanos reactivos de corto plazo: se organizan por un objetivo particular, que una vez que se consigue se desmovilizan.

-Movimientos ciudadanos propositivos de largo plazo: pueden haber comenzando como los primeros, pero logran un nivel de “madurez” que muchas veces tiene que ver con que pasan de la “protesta a la propuesta”.

-Movimientos de pobladores: van desde los comités de viviendas que tienen objetivos funcionales que muchas veces una vez que logran sus objetivos se desmovilizan, pero muchos van avanzando a formar movimientos socio-políticos que tienen agendas más allá de la vivienda.

Finalmente hay 4 interesantes conclusiones que podemos sacar de este proceso de emergencia de los movimientos sociales urbanos y territoriales en Chile:

1. La paulatina y aún en ciernes recuperación de tejido social desde los territorios

2. La evidencia de la no representación de los partidos políticos tradicionales y su crisis

3. La construcción de agendas y proyectos emancipacipatorios con un componente territorial clave

4. Y una crítica descarnada al rol entregado al mercado como ente (des)regulador de los temas urbanos, en específico, y de las políticas públicas en general.

El derecho a la ciudad y las exigencias por más participación parecen ser un elemento común que podría llegar a cohesionar a la diversidad de movimientos urbanos y territoriales de Chile que se están organizando por más participación, más democracia, desde sus territorios, desde sus cotidianidades, pero que pueden transformarse en referentes, si llegan a articularse en una alternativa sociopolítica capaz de comenzar procesos como la preparación a mediano plazo de una asamblea constituyente que parta desde los territorios y entienda a los habitantes  como sujetos de derechos, protagonistas principales de los procesos y no mero objetos asistidos por las políticas públicas.

En esta columna no hemos pretendido nombrar  a todas las organizaciones, es sólo un paneo rápido de lo que conocemos y estamos observando. Seguramente hay muchos otros movimientos que podrían pertenecer a esta nueva categoría de actor político social territorial que cada día cobra más protagonismo en el Chile actual, los invitamos a que nos cuenten si conocen otras experiencias.

Nuit Debout: ocupación de plazas, convergencia de luchas y derecho a la ciudad en Francia

$
0
0

Nuit Debout: ocupación de plazas, convergencia de luchas y derecho a la ciudad en Francia

Por Claudio Pulgar Pinaud[1]

Lo que distingue a un movimiento social de cualquier otro tipo de movilización es que no se centra en una reclamación específica, sino que cuestiona algunos de los valores centrales de una sociedad”[2]

Difícil analizar un proceso cuando está en desarrollo y uno es observador y participante. Partiremos con una genealogía del movimiento como contexto, para luego describirlo y analizarlo brevemente.

Desde el 9 de marzo Francia vive bajo la presión del movimiento social más importante de los últimos 20 años. Esta vez la gota que colmó el vaso fue el proyecto de ley para reformar el código del trabajo, una verdadera institución de lo que queda de la protección social francesa, construida a partir de las luchas de los trabajadores desde el siglo 19, pero sobretodo desde las grandes huelgas del frente popular (1936), del programa de la resistencia después de la 2da guerra mundial y de la revuelta estudiantil y obrera de mayo de 1968. Hace años que la olla de presión social estaba en ebullición, el gobierno socialista actual con sus sucesivas reformas neoliberales y la política de austeridad, sólo había acelerado el proceso. Los dos atentados de 2015 ralentizaron el hervidero, pero no desmovilizaron a la gente, que ya había ocupado las calles masivamente durante el duelo colectivo. La conferencia de la ONU sobre el cambio climático (COP 21) de diciembre 2015 y la enorme represión a los movimientos sociales y ecologistas que trataron de movilizarse, justificada en el estado de urgencia post atentados, no aminoró los ánimos. La discusión parlamentaria del proyecto para quitar la nacionalidad a los ciudadanos franceses con doble nacionalidad (propuesta de la extrema derecha, adoptada por los socialistas), que luego fracasó, además de la extensión del estado de urgencia hasta después de la euro copa de fútbol en junio-julio, las constantes expulsiones de migrantes, el aumento de la cesantía, los escándalos de corrupción política y financiera, los casos bullados de evasión fiscal, fueron alicientes del descontento generalizado, que se nutre desde muchas fuentes y luchas anteriores.

Un hecho importante a destacar del ciclo de 2016 es que la primera gran jornada de huelgas y manifestaciones del 9 de marzo fue un llamado de ciudadanos, y no de las estructuras sindicales formales, que tienen aún un peso fuerte en Francia. Este hecho novedoso muestra como desde el primer paso del movimiento en las calles se estaba incubando algo nuevo. A fines de febrero cuando se anunció la reforma laboral por parte del gobierno, todo coincidió para generar las condiciones aptas para un gran movimiento social. Por ejemplo, con el estreno del documental “Merci Patron”, una critica satírica de la ambición desmedida de las grandes fortunas francesas, a través de la deslocalización de las fábricas y de la repercusión de la cesantía en la vida de las personas comunes. La película, sin difusión en los medios, logró un inédito y masivo éxito en las salas de cine. Esto motivó a un grupo de activistas y militantes en torno al director del documental, a reunirse con algunos sindicalistas bajo el lema “darles miedo a los poderosos”. En esas reuniones se preparó la idea de ocupar un espacio público, con claras alusiones a las ocupaciones de plazas que hemos visto por el mundo desde 2011, y ese grupo heterogéneo se denominó “convergencia de luchas”. La fecha escogida: el 31 de marzo, día de la huelga general llamada por la gran mayoría de los sindicatos, así como de las organizaciones estudiantiles y liceanas. Otro hecho inédito fue la recolección de firmas virtuales contra la reforma laboral, que en unos pocos días, logró reunir más de 1 millón de firmas por internet.

La ocupación de la plaza de la République

La manifestación del 31 de marzo, con más de 1 millón de personas en las calles y bajo una intensa lluvia, mostró la fuerza del movimiento social, sobretodo a partir de dos sus componentes históricos: los trabajadores, organizados o no, en sindicatos, junto al movimiento estudiantil y liceano. Un tercer frente, nuevo para la historia de los movimientos sociales franceses, vendría a irrumpir en la escena esa misma noche: la ocupación de las plazas.

Una gran diferencia con otras ocupaciones de plazas en el mundo, es que la Nuit debout, desde el primer día se vio impedida por la fuerza policial de ocupar la plaza día y noche. La primera semana cada día a las 5 de la mañana la policía desalojó a la fuerza la gente que acampaba. El movimiento se adaptó y logró cada día a partir del mediodía levantar nuevamente el campamento, pero con estructuras desmontables, ya que cada noche había que volver a desmontar todo. Muchas noches se hizo habitual que a partir de medianoche la policía comenzará a atacar con gases lacrimógenos y matracas a la gente que ocupaba la plaza.

Esta ocupación cotidiana de la plaza la resignifica, dándole un contenido político a un espacio público, que hace poco había sido remodelado, mejorando las condiciones para su ocupación y reapropiación, con una gran explanada y la eliminación de una parte de la circulación vehicular. El deseo abstracto de todo urbanista y arquitecto de construir un “ágora” lo han cumplido los miles de habitantes que cada tarde-noche se reúnen a discutir en torno a temas específicos o en la gran asamblea general, que puede llegar a agrupar a miles de participantes.

En la plaza se ha construido orgánicamente una especie de aldea, donde en el programa se pueden encontrar desde la primera noche una enfermería, una cantina con comida gratis, así como el media center, encargado de las comunicaciones a través de las redes sociales, el otro componente importante del movimiento. Con el avance de los días de ocupación se establecieron otros programas permanentes como la biblioteca, un huerto, un espacio para los niños, talleres de diseño de afiches, exposiciones, stand de colectivos, entre otros. Además se consolidaron los tres medios de comunicación oficiales de la plaza: un diario en papel, una radio y un canal de televisión, los que transmiten diariamente por internet desde la plaza. Con toda esta infraestructura se construye en la realidad una autonomía contrahegemónica en todo sentido, que sin la ocupación de la plaza sería difícil para el movimiento.

El componente festivo ha estado presente desde el primer día, que comenzó con un gran concierto sobre un camión y que ha continuado con constantes intervenciones artísticas, teatrales, proyecciones de películas, orquestas sinfónicas, etc. Cotidianamente en el lado este de la plaza se realizan las asambleas y las discusiones políticas y en el lado oeste se desarrollan las actividades festivas, la gente circula indistintamente de un lado a otro. Algunos historiadores y antropólogos recuerdan que los momentos de revueltas o revoluciones, siempre han tenido un grado importante de festividad, así como las fiestas o carnavales, fueron momentos propicios para las sublevaciones o revueltas, por ello su recuperación y control.

Ocupación y derecho a la ciudad

La ocupación de la plazas es un proceso y no un resultado o un objetivo en sí misma, el hecho de tener una importante rotación de gente y de utilizar la asamblea como espacio de discusión y decisión, ha transformado a la Nuit debout en una escuela de democracia radical y horizontalidad. Muchos participantes ya eran activistas o militantes anteriormente, pero muchos otros se han politizado en el proceso de la ocupación. La “convergencia de luchas” se puede constatar en las más de 80 comisiones que trabajan en la plaza, dándole un carácter sistémico al movimiento, que no se queda sólo en la contestación a la reforma laboral, sino que ha construido una cierta “interseccionalidad”, en el sentido sociológico de cruce de formas de dominación/contestación. Las principales y más visibles, las luchas feministas, por el derecho a la vivienda, contra la colonización, ecologistas, así como la participación constante, pero no predominante de las luchas sindicales y estudiantiles.

El derecho a la ciudad, en el sentido planteado por Lefevbre, de reapropiación y de predominancia del valor de uso, se hace carne en las ocupaciones de plazas, funcionando al mismo tiempo como una contestación a la ciudad mercantilizada y privatizada. La Nuit debout funciona como un laboratorio de producción de lo común, como dirían los situacionistas, desde la producción del espacio desde el hacer y la praxis. No es sólo el espacio lo que se reapropia a través de la ocupación, es también el tiempo, la noche se transforma en un tiempo recuperado para la autoorganización, para la democracia y el debate. La ocupación de la plaza construye un espacio-tiempo de experimentación, con la construcción de una ciudad otra, legitimando en los hechos lo que los poderes públicos tildan como de ilegal.

El hecho de rebautizar la plaza como plaza de la Comuna (en alusión a la Comuna de París de 1871), decidido en la asamblea general el 32 de marzo (ahora los días se cuentan a partir de la ocupación de la plaza el 31 de marzo), no es para nada anodino. Sabemos que la Comuna de París fue un momento revolucionario ligado a la autogestión de la ciudad de manera autónoma por el pueblo de París levantado en armas, que hasta hoy muchos denominan como el único momento en la historia de un ensayo de un socialismo autogestionario a la escala de una ciudad.

La ocupación de la plaza como resistencia y desobediencia la podemos contrastar con otros procesos que se han desarrollado en los últimos años en Francia, y que sopesando sus diferencias, pueden servir de puntos de origen-comparación. Las “ZAD” o “zonas a defender”, ocupaciones de territorios por militantes y habitantes contra “grandes proyectos inútiles e impuestos” (como el proyecto de aeropuerto a Notre Dame des Landes en un bosque húmedo)  y los campamentos de migrantes y roms, siendo el más emblemático la “jungla” de Calais, pero no el único. Espacios donde se construyen “autonomías territoriales” que contestan la sociedad y la ciudad actuales, construyendo alternativas aquí y ahora. La ocupación de la plaza es también una oposición a la privatización de los espacios públicos, tan banalizada y naturalizada, entre las terrazas de bares y los eventos privados de marketing de marcas que son autorizados por los poderes públicos. Es también un espacio para los encuentros e interacción entre habitantes, que en tiempos “normales” se ignoran o ni siquiera tienen la posibilidad de encontrarse: jóvenes precarios, migrantes, trabajadores pobres, sindicalistas, personas en situación de calle, entre otros. La ocupación funciona como un espacio para la construcción de confianzas y empatías que es difícil encontrar en la ciudad actual de flujos y consumo.

La composición de los participantes de Nuit debout

Los medios de comunicación y la clase política han atacado constantemente a los participantes de Nuit debout, diciendo que son “jóvenes blancos diplomados de la pequeña burguesía (los “bobos” o “bourgeois bohèmes”) o hippies cesantes tocando tambores”, pero más de 30 sociólogos se dedicaron a evaluar en terreno para descubrir quienes eran los participantes: más de la mitad tiene más de 33 años, y un 20% tienen más de 50 años. Dos tercios son hombres. 40% de los participantes vienen de banlieue (las periferias) y de los parisinos la mayoría viene de los barrios del noreste, los más populares de la capital. 60% son diplomados, la media nacional es de 25%, y 24% de los participantes son obreros o empleados, más del doble de la media de París.  La encuesta y su análisis muestra que la diversidad de participantes es muy grande, pero a pesar de eso queda la sensación de una deuda, que muestra la fractura de la sociedad francesa, de sumar todavía más la participación de los jóvenes pobres de las periferias.

El movimiento de ocupación de plazas comenzó en París y en 20 ciudades al mismo tiempo. Más de 200 plazas ocupadas en toda Francia se han censado hasta ahora. Unas 3 semanas después de la ocupación de la plaza de la République en París,  se empezaron en paralelo a organizar asambleas en algunos barrios, y ese parece ser el futuro del movimiento. Por ejemplo en nuestro barrio en Belleville, en el noreste parisino, hay desde esas fechas tres asambleas que se reúnen semanalmente en plazas, que han “aterrizado” en lo local la ocupación de plazas y la convergencia de luchas, solidarizando con los migrantes y refugiados que están en las calles o que han ocupado edificios públicos abandonados. En las banlieues o barrios de la periferia, asociados en el imaginario sobretodo a la pobreza y la inmigración colonial, también existen ocupaciones de plazas, aunque han sido menos mediatizadas en la continuidad del proceso para invisibilizar la organización y politización de esos barrios, dado que la opinión pública sólo los asocia al tráfico de drogas, a las quemas de autos o a los enfrentamientos con la policía, tal como fue en la revuelta de 2005, sin profundizar en las resistencias y organizaciones que se tejen en esos territorios, dentro de un contexto de exclusión y rechazo de la sociedad francesa.

Lo que pase en Francia en esta pasada será clave para lo que pase en Europa y en el mundo con respecto a los avances del neoliberalismo o a sus retrocesos. No por nada Francia ha sido un laboratorio político de revoluciones y contrarrevoluciones en toda la historia, interesante es leer el siguiente análisis de Miguel Urban para comprobar estas tesis. (http://ctxt.es/es/20160601/Politica/6410/Francia-Nuit-debout-huelgas-reforma-laboral-transversalidad.htm)

En los momentos en que escribo estas líneas los bloqueos de refinerías de petróleo son totales. Hay entre 30% y 50% de las estaciones de servicio sin gasolina. Los sindicalistas de las centrales de producción de electricidad y de las centrales nucleares se suman a la huelga, para bloquear la economía. Varios puertos están bloqueados, los sindicatos de todos los transportes: camiones, buses, metros, trenes, comienzan huelgas, los recolectares de basura también, todos demandando el retiro de la reforma laboral.  Desde el inicio del movimiento en marzo, han existido más de 10 jornadas de protesta nacional, además de cientos de liceos y universidades bloqueadas o en huelga. A pesar de todo, el gobierno sigue intransigente, tanto que se saltó la discusión parlamentaria, dado que no tenían mayoría e hizo adoptar el proyecto por decreto en primera instancia. Mientras esto pasa cientos de plazas siguen ocupadas por toda Francia desde hace más de 2 meses.

[1] Arquitecto. Master en ciencias sociales. Candidato a doctor en estudios urbanos en el EHESS, París. Académico del Instituto de la Vivienda, Universidad de Chile.

[2] Geoffrey Pleyers

14 de Abril: estudiantes llegan a Nuit Debout 04 junio nuit debout campamento 04 junio nuit debout campamento 2 24 abril arquitectos debout 02 abril nuit debout asamblea con lluvia 02 abril nuit debout instalación 13 abril stand colectivo nuit debout 14 abril represión con gases contra nuit debout 24 abril museo afuera nuit debout 1 marzo primera noche de nuit debout 02 abril nuit debout asamblea con lluvia

Foto-ensayo: “Paisaje en trance 2: la remoción de Vila Autódromo para el proyecto olímpico-inmobiliario de Rio 2016” por Daniel Meza

$
0
0

01 02 03 04 05 06Replicando el modelo Barcelona, el consorcio público-privado Rio+ asumió el proyecto de Parque Olímpico en Barra da Tijuca, Rio de Janeiro en 2010. Reutilizando el terreno de 118 hectáreas correspondiente al ex-Autódromo Nelson Piquet, sede del Gran Premio F1 de Brasil, la operación inmobiliaria, ofrecía liberar el 75% de la superficie involucrada para la actividad inmobiliaria de los miembros privados del consorcio,  “destrabando” un terreno estratégico en la ciudad.

Contigua al centro metropolitano planificado por el urbanista Lucio Costa, la operación prometía extender el modelo de macro barrios cerrados de lujo. El único obstáculo: una comunidad durante décadas localizada al costado del autódromo, y que, pese a diversos intentos de expulsión, en 2010 contaba con más de 700 familias.

Mientras los inmobiliarios explicitaban que Barra da Tijuca representa el “nuevo Rio (…) ciudad de la elite, del buen gusto (…) con viviendas exclusivas y no viviendas para pobre”[1], y la comunidad se reclamaba su derecho a permanecer[2], el municipio desarrolló un plan de remoción indirecta desarrollado entre 2014 y 2016. Este plan estableció mecanismos de negociación individual con las familias, a las cuales se les ofreció desde viviendas sociales y pago de arriendo, hasta indemnizaciones que llegaron a 1 millón de dólares[3]. Es así como la segunda visita de los Juegos Olímpicos a Latinoamérica trajo un nuevo ciclo de disputas[4].

Durante ese proceso de dos años, varias familias aceptaron las ofertas del municipio, lo que significaba la demolición inmediata del inmueble[5]. Cada semana caían casas, y los escombros resultantes eran utilizados como medio simbólico y material para agudizar la presión de la expulsión. En la actualidad, de las 700 familias, 20 consiguieron quedarse hasta el final, las cuales fueron incorporadas a un proyecto de radicación en viviendas modulares a fin de conciliar los intereses privados con los de la comunidad.

Las fotografías retratan efectos de la parte más álgida del proceso de expulsión, una arremetida que deja en evidencia la inseguridad de la tenencia habitacional cuando la casa de los pobres se encuentra en el camino del capital inmobiliario.

[1] ‘Como é que você vai botar o pobre ali?’, diz bilionário ‘dono da Barra da Tijuca’ (http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150809_construtora_olimpiada_jp)

[2] Derecho reconocido por el estado mediante una concesión de uso a 99 años.

[3] http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-12-08/prefeitura-indeniza-donos-de-imoveis-na-vila-autodromo-em-ate-r-23-milhoes.html

[4] http://blogs.elpais.com/seres-urbanos/2015/08/rio-de-janeiro-a-un-a%C3%B1o-de-las-olimp%C3%ADadas.html

[5] Documental “Eu Fico” (Janoshka y Sequera, 2014: 11 min) http://contested-cities.net/blog/eu-fico/


Derechos en el desarrollo urbano y territorial

$
0
0

Por Maricarmen Tapia*

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Desde la perspectiva de la planificación urbana y el ordenamiento territorial nos pone, por encima de cualquier indicador o estándar, la igualdad de derecho como un derecho fundamental ¿Son nuestras ciudades y territorio una expresión de esta igualdad?

Cuestionar desde los Derechos Humanos las decisiones en torno al desarrollo urbano y territorial permite sumergirnos en la base del para qué y para quién trabajamos como profesionales, así como cuestionar el rol del Estado en el ejercicio de estos derechos.

Derecho a la Vivienda AdecuadaDesde esta perspectiva, nos encontramos en Chile con una Constitución y un marco legal que poco menciona nuestros derechos como personas y como colectivo en relación a nuestra ocupación del espacio, el uso de los recursos naturales, el goce del patrimonio natural, respeto al patrimonio y el reparto de la riqueza. En este contexto, un grupo de ciudadanos, estudiantes y profesionales de distintos ámbitos, nos plantemos hablar sobre esta relación y generar contenido para una discusión crítica e informada, bajo la campaña “Por el Derecho a la Ciudad y el Territorio”

La tarea no es fácil, ya que Chile pareciera estar cubierto por un manto que hace pensar que los conflictos urbanos y territoriales fuesen un mal no deseado pero inevitable.

¿Cómo romper el hechizo? Mirar a otros países y observar cuáles son los principios, derechos, obligaciones y potestades necesarias para incorporar los derechos en nuestras ciudades y territorio. La idea no es descabellada: tanto la Declaración de Hábitat III del 2016, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU para el 2030, sitúan en lugar central el respeto a los Derechos Humanos.

Derechos urbanos y territoriales en la experiencia comparada

El trabajo inicial del equipo se basó en estudiar las constituciones de Iberoamérica, en términos de derechos; entre todos ellos seleccionamos aquellos que permitían iniciar una discusión amplia de la cuestión urbana y territorial. Es así como los derechos económicos, sociales y culturales tomaban una forma precisa desde nuestra disciplina y nos permitían cruzar barreras y pensar en cómo se resolverían nuestros conflictos urbanos y territoriales en un marco constitucional diferente.

Una forma de expresar de manera más inteligible esta discusión fue a través de imágenes, y más tarde videos. Realizamos una selección de derechos relacionados con la ciudad y el territorio que agrupamos en: la igualdad de acceso a infraestructuras, equipamientos, áreas verdes y servicios públicos de calidad; el derecho a la Vivienda Adecuada, según la descripción de sus 7 atributos, de ONU; el derecho a participar de las plusvalías, derecho que surge bajo los principios de justicia social y control de la especulación. Así como también diversos derechos relacionados con los bienes comunes como el derecho a vivir en un medio ambiente seguro y sano; el derecho a disfrutar de los espacios naturales, al patrimonio cultural y natural; y la necesidad de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, garantizando un desarrollo equilibrado económica, social y ambientalmente.

Derecho a participar de las PlusvalíasEstos derechos nos permiten repensar el desarrollo futuro y la solución de conflictos, partiendo de una nueva premisa: el desarrollo de nuestras ciudades y territorio debe estar guiado por principios, derechos, obligaciones y potestades que aseguren el bien común, la igualdad de derechos, y la conservación del medio ambiente, áreas naturales y especies.

Derechos en el desarrollo urbano y territorial

REFERENCIAS:

Para ver material completo de discusión http://www.derechoyterritorio.com/material-de-discusion/

Para ver video de Derechos Humanos en la ciudad y el territorio (2 min) http://www.derechoyterritorio.com/canal-youtube/

Artículo de Sugranyes y Tapia en Revista de la Universidad de Barcelona “El territorio y la ciudad en la nueva Constitución de Chile” http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1141.pdf

 

*Arquitecta, Doctora en Urbanismo. Campaña por el Derecho a la Ciudad y el Territorio

 

 

Foto-ensayo: “El derrumbe de la memoria”

$
0
0

Por Maricarmen Tapia

IMG_8980FullSizeRenderIMG_8975IMG_8976

IMG_8972

El pasado sábado 24 de junio, máquinas retroexcavadoras iniciaron el derrumbe de uno de los últimos bloques de vivienda de lo que fue la Villa San Luis. Faltaban solo cuatro días para que el Consejo de Monumentos Nacionales se pronunciara respecto a su declaración como Monumento Nacional. Un rápido estallido de asombro e impotencia por las redes sociales alertó sobre lo que sucedía y se logró paralizar el derrumbe. El martes fuimos convocados a las siete de la mañana por la Coordinadora en Defensa de la Villa San Luis, para evitar que volvieran las excavadoras a trabajar.

Hasta allí llegaron antiguos vecinos y vecinas de la Villa con el retrato y memoria viva de su erradicación por militares “El 8 de diciembre de 1978, nos dieron tres horas para salir y recoger nuestras cosas  y nos subieron en camiones de basura”. Estábamos también ciudadanos en defensa de la memoria del proyecto habitacional y del abuso sufrido, quienes queremos recuperar este espacio para la ciudad. Hacía frío, reinaba el desconsuelo, la rabia, la convicción, la esperanza y, en pie, los últimos vestigios de la Villa San Luis.

Campaña Por el Derecho a la Ciudad y el Territorio

Tres preguntas sobre la declaratoria de MHN de Villa San Luis para Javiera Martínez

$
0
0

En el marco de la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de Villa San Luis de Las Condes, entrevistamos a Javiera Martínez, miembro del comité de defensa de la Villa.

Tres preguntas sobre la declaratoria de MHN de Villa San Luis para Miguel Lawner

$
0
0

En el marco de la declaratoria de Monumento Histórico Nacional de Villa San Luis de Las Condes, entrevistamos al arquitecto Miguel Lawner sobre la relevancia de este conjunto para el hábitat residencial y el territorio chileno.

Entrevista a Doris González: Desafíos en derecho a la vivienda

$
0
0

Esta semana en #INVItro realizamos una entrevista a Doris González (Trabajadora Social, Movimiento de Pobladores Ukamau) sobre los desafíos que existen en la actualidad en materia de derecho a la vivienda.

Marcha por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad: Entrevista a Presidenta CEARQ FAU.

$
0
0

Esta semana en INVItro entrevistamos a Carolina Unda, Presidenta del Centro de estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Chile, sobre la relevancia de la participación de los estudiantes en  la marcha por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad.

Sobre ley de porcentaje reservado: antecedentes históricos, mirar la historia larga

$
0
0

Por Doris González*

Documento presentado ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados el 26 de septiembre de 2018.

Tener una visión acabada acerca del desarrollo de la ciudad y de las políticas públicas que se han generado a lo largo de nuestra historia y conocer hitos importantes de ella, nos permite tener opiniones que aporten a la discusión, más aún a este proyecto de ley que nos convoca el día hoy.

En 1875, fue don Benjamín Vicuña Mackenna quien comenzó el proceso de la segregación y expulsión de los pobres a las periferias de la incipiente ciudad que se gestaba. Con la justificación que debían abandonar la ciudad por sus vicios y miserias, se entregaban 2 pesos a cada dueña de casa para que dejaran los cités y conventillos en los que vivían e irse lejos del lugar donde habitaban originalmente. Se separaba entonces, la ciudad ‘bárbara’ de la ciudad ‘civilizada’.

Por el 1900, aparece un problema de salubridad creciente para los habitantes de la ciudad que viven en condiciones precarias, afectando toda la ciudad. Haciendo honor a la verdad, hay que decir que esta situación fue abordada en un principio desde la caridad cristiana; construyendo viviendas que permitieran a estos habitantes cambiar su situación y entregar dignidad. Estas viviendas aún existen, y un ejemplo de ello es la Población Juan XXIII en el sector de Bellavista.

En un contexto en el que va emergiendo la “cuestión social”, grandes sindicatos se enfocan en la necesidad ineludible de un lugar para habitar. Gracias a la organización y lucha de estas organizaciones sindicales, se genera la primera ley de vivienda en Chile y una de las primeras en América Latina. Esta es la Ley de Habitaciones Obreras de 1906, que implica la participación del Estado, empresarios y los trabajadores como parte de este proceso de construcción.

Un resultado de esta ley es la población o barrio Huemul, existente hasta el día de hoy,  cuya construcción fue planificada, pensada y ejecutada de manera integral, contando con plazas, parques, cine, grandes espacios y calles para el tránsito y movilidad de sus habitantes.

Pasado el tiempo y debido entre otros factores a la migración que se produce del campo a la ciudad, con esperanzas y anhelos de mejorar la calidad de vida, existe una demanda por vivienda de los recién llegados, que sobrepasa estas políticas e incluso no dan cabida a todas y todos quienes quieren habitar la ciudad.

La Ley de Habitaciones Baratas de 1925, y la Caja de Habitación Popular de 1936 no tienen capacidad de respuesta ante la creciente demanda, y comienzan a producirse ocupaciones de estos nuevos habitantes, de una manera caótica, produciendo las primeras poblaciones callampas. Entonces, a través de las Operaciones Sitio se buscó dar una solución más efectiva para atender a la inmensa población migrante.

Las pobladoras y pobladores organizados comienzan a ser protagonistas de las ocupaciones de terrenos y nuevas formas de habitar, en un contexto donde las políticas públicas existentes no daban abasto. Se genera la Toma de la Chacra de la Feria, que incluso para el contexto latinoamericano, es la primera toma victoriosa. Y así nace la Población La Victoria en el año 1957.

Debido a la persistente demanda, el Estado diversifica sus formas de acción. El año 1953 aparece la CORVI, luego la CORMU y así el Estado se vuelve un actor clave en la construcción, reconstrucción y auxilio para el desarrollo de la ciudad. En 1965 se crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la concepción de construir un tejido urbano y social como proyecto de sociedad.

Durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, entre los 1970 y 1973, se establece la vivienda como un derecho, donde las instituciones del Estado trabajan en conjunto con la comunidad, poniendo énfasis en la integración y mixtura existente en la ciudad y como sociedad. El gran ejemplo de esto es la Villa San Luis, en la comuna de Las Condes.

Luego del golpe de estado y la instalación de la Dictadura en Chile, en el ámbito de vivienda se desarrolla la llamada “Operación confraternidad”. Esta política se basó en erradicar a los pobres desde sectores acomodados, expulsando a miles de personas del sector oriente entre los años 1976 y 1979, a vivir en lugares sin servicios y con pocas posibilidades de desarrollo humano. Estas familias fueron a parar principalmente a la zona sur de Santiago, generando bolsones de pobreza y segregación socioespacial, generando grandes consecuencias para el conjunto de la ciudad, hasta el día de hoy.

En 1979, la Dictadura lleva adelante un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, declarando que el suelo es “un recurso no escaso”. Es decir, se convierte en un bien transable en el mercado, y así la vivienda pasa a ser un bien de consumo que las familias deben adquirir y el Estado puede colaborar con ellas, a través de un subsidio.

Lamentablemente, los gobiernos de la transición pusieron sus esfuerzos en fórmulas cuantitativas, y en construcción de unidades habitacionales en terrenos de muy bajo costo. Se continúa con el sistema de subsidios, como la única alternativa y solución a un problema que es social y no individual. De ahí en adelante, los distintos gobiernos han seguido poniendo el énfasis en la oferta y no en la demanda. Han existido programas que pretenden abordar la situación actual, pero que en el largo plazo son insuficientes. Existen ejemplos dolorosos que no debemos volver a cometer y tolerar, del cómo se construye, quién construye y para quién se construye.

Bajos de Mena es un ejemplo de que no se puede entregar la construcción de ciudad en un 100% a los privados, basado meramente en metas numéricas, cuando la realidad en la vida de las personas solo se precariza. Esa forma de segregación fue desarrollada por los gobiernos de la Concertación, que continuaron con las lógicas mercantiles de la Dictadura.

Frente a este contexto es que nos interesa mostrar que en la actualidad existen iniciativas que se transforman en ejemplos para la política de vivienda en Chile. Hay iniciativas que vienen de la propia comunidad organizada, como lo hicieron en su época los sindicatos, y como lo hicieron las y los pobladores que fueron protagonistas a través de las tomas, en la modificación de las políticas públicas. Así es el proyecto Maestranza Ukamau, que me toca representar, y que está demostrando que es posible la distribución de recursos, oportunidades y servicios en la ciudad. Este proyecto está logrando conjugar el trabajo de diversas instituciones, pero por sobre todo profesionales que han aportado históricamente a la construcción de ciudad, como Fernando Castillo Velasco. Este ha sido un trabajo mancomunado con las cientos de familias que habitarán este barrio, que aportarán al conjunto de la ciudad, y que además se han integrado con sus nuevos vecinos. Esto ha ocurrido con vecinos del barrio obrero y ferroviario San Eugenio, que data de principios del 1900 con la Ley de Habitaciones Obreras, y que le da una profundidad de cien largos años de historia al desarrollo de nuestras ciudades.

Queremos aportar a la discusión del proyecto de ley,  el cual nos parece una apertura necesaria al debate que se ha generado sobre integración, pero que debemos ser cautelosos y responsables para construir una ciudad que piense en sus habitantes y en el desarrollo de estos. Plantear esta idea del 20-30%, podría significar un avance. Pero también debemos centrarnos en cuestiones sobre si queremos que este proyecto de ley sea solo en nuevos terrenos en áreas de expansión urbana, o si su precio debiera estar limitado a las 1000 UF.
Cuando nos expulsaron nos hicieron vivir segregados. Hicimos nuestros estos lugares, los habitamos y construimos la vida, como lo venimos haciendo desde aquella expulsión de 1875. ¿Por qué ahora nos quieren mezclar o sacar de aquí? Nos acostumbramos al lugar, solo queremos que los servicios, los beneficios y el goce de vivir en la ciudad existan y que funcionen de buena manera también para nosotros. No pretendan que la única solución sea enviarnos a vivir a lugares donde no podremos ser parte, ya que siempre seremos discriminados, por nuestras formas, costumbres o capacidad.

Algunos aportes para el debate

  • El proyecto debiera apuntar más allá de nuevos terrenos en áreas de expansión urbana, y aplicar a todo tipo de proyectos.
  • Definiciones y obligaciones claras para los desarrolladores inmobiliarios.
    • Mayores aportes por parte de éstos para servicios y movilidad. Aportar a la construcción de ciudad integralmente.
    • Esto a través de fondos regionales que puedan destinar recursos para la democratización de la ciudad, lo que implica la distribución equitativa de sus recursos. Se podría generar también un impuesto a las empresas inmobiliarias del sector urbano, de un 30% de las ganancias obtenida por cada metro cuadrado que se ponga a la venta.
    • Se requieren estudios serios y contundentes en la definición de este monto. Un estudio del COES estimó 30% de la ganancia que se apropian las inmobiliarias en cada uno de sus proyectos en altura debe retornar a las arcas fiscales.
    • Los fondos generados pueden potenciar el financiamiento de la producción de vivienda de interés público, adquisición por parte del Estado de suelos y especialmente, retornar a las arcas públicas lo necesario para el financiamiento de la construcción de infraestructura de ciudad. Esto sería similar a cómo la Ley 20.958 del Sistema de Aportes al Espacio Público, que establece una forma alternativa para dar cumplimiento a la obligación de ceder terreno para vialidad y áreas verdes que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC). Se entregaría en dinero, en base a una tabla que considere la ocupación del proyecto.
  • Venta de un porcentaje de este 20% – 30% de vivienda de hasta 1000 UF al Estado, para su administración y arrendamiento.
    • Garantizar el acceso a estas viviendas con base en categorías de ingreso o estratificación mediante el sistema del Registro Social de Hogares, por ejemplo.
  • Pensar y abrirse a formas diversas de construcción de ciudad, ya sea en propiedad colectiva, arrendamiento u otras. Que apunte a la diversidad existente en las diferentes regiones de nuestro país.
  • Definir el concepto de integración social, para clarificar en qué se piensa desde las instituciones estatales, ya sea como sistema de cuotas, políticas de dispersión de la pobreza, políticas de dotación de equipamientos y servicios en áreas segregadas, etc.
  • De ninguna manera se debería abordar la integración social con postulaciones de manera individual, ya que esto solo beneficia la ganancia inmobiliaria. Se debe generar comunidad, previo al momento de habitar.
    • Pensar que la integración no es solo mover personas de un lugar a otro. Es más bien el acceso y satisfacción de las necesidades humanas en todo tiempo y lugar, que implica la redistribución de recursos, oportunidades y servicios a nivel territorial.

Las situaciones de segregación en la ciudad no se solucionan solo con porcentajes que obliguen a la gente vivir en un mismo espacio. Este debe abordarse desde las relación humana, el vínculo con servicios de buena calidad, con fuentes laborales cercanas y con posibilidades de movilidad adecuadas a los tiempos actuales. Los buenos y adecuados diagnósticos nos ayudarán a guiar el camino, pero por sobre todo a entender que la ciudad es de todas y todos, y de esa misma forma acceder de manera equilibrada a ella.

Se debe democratizar los servicios y llevarlos a los lugares donde las políticas fallidas de gobiernos anteriores no supieron dar la dignidad a los habitantes de la ciudad y a todos como sociedad. Si en serio se quiere construir un país menos segregado, se debe trabajar para consagrar el derecho a la vivienda en la constitución chilena, tal como ocurre en Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Perú, por nombrar algunos.

Y este derecho solo será posible consagrarlo a través de una reforma urbana en la cual nosotros, desde el Frente de Resistencias Urbanas, debemos ser protagonistas.

* Vocera Ukamau – Frente resistencias Urbanas. Presidenta Fundación Feman.  Directora Fundación Fernando Castillo Velasco.


Entrevista a Anaclaudia Rossbach: Derecho a la Ciudad y a la Vivienda

$
0
0

Esta semana en #INVItro entrevistamos a Anaclaudia Rossbach de Cities Alliance  sobre la relevancia del Derecho a la Ciudad y a la Vivienda en América Latina.

El Derecho a la Vivienda y la Ciudad como “crítica radical”.

$
0
0

Por Carlos Lange Valdés*

El derecho a la vivienda y la ciudad constituye en la actualidad una de las demandas más relevantes en el campo urbano-habitacional en Chile. En torno a ella convergemos diversos movimientos sociales urbanos, ongs y fundaciones, organizaciones políticas y centros académicos, lo cual supone una amplia diversidad de experiencias, perspectivas e interpretaciones.

Esta diversidad constituye, sin lugar a dudas, una de sus principales fortalezas. En torno al derecho a la ciudad y la vivienda en Chile convergen demandas como el acceso a una vivienda adecuada, la existencia de ciudades igualitarias, un desarrollo urbano sostenible, la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción del Estado y la posibilidad de disfrutar del patrimonio cultural y natural, entre otras. En este sentido, la demanda por el derecho a la vivienda y la ciudad constituye una invitación hacia la promoción de una “crítica radical”.

La “crítica radical” se fundamenta en las propuestas desarrolladas por el sociólogo francés Henri Lefebvre en su clásica obra El Derecho a la Ciudad. En ella el autor le confiere especial relevancia a la práctica de “habitar”, la cual posee una especificidad y complejidad desde la cual pueden extraerse dos consideraciones fundamentales: por una parte, ella sustenta una importante crítica al racionalismo-funcionalista predominante entre los urbanistas y arquitectos europeos de la segunda mitad del siglo XX, la cual es perfectamente extensible a buena parte de sus pares latinoamericanos de la actualidad, principalmente a aquellos reconvertidos en productores de políticas; por otra parte, ella expresa también una propuesta sociológica orientada a rescatar las dinámicas de la cotidianeidad presentes en los habitantes como elementos constitutivos de las ciudades.

La importancia asignada por Lefebvre al “habitar” constituye una valorización de la cotidianeidad como ámbito de la creatividad. Lo paradójico es que esta capacidad que poseemos los habitantes muchas veces resulta, paradójicamente,  invisible a nuestros propios ojos.

En la perspectiva del autor, la “cotidianeidad” se reproduce a través de la indisociable relación entre creación/repetición. La primera alude a la “renovación incesante” de las personas y se expresa por ejemplo en el nacimiento y formación de los hijos, o en la formulación de nuevas ideas y proyectos desarrolladas por las generaciones más jóvenes; la segunda se hace presente y se manifiesta a través de gestos tan leves como levantarse a la misma hora cada mañana, prepararse un café, atravesar las mismas calles hasta el paradero de buses o tomar el metro siempre en la misma estación y posiblemente acompañado por las mismas personas cada día, entre otras.

Lefebvre nos invita a observar esta constante transición entre creación/repetición como el ámbito donde se fecundan muchos de los cambios y las transformaciones sociales. Es justamente en ella donde surgen muchas de las tensiones y conflictos asociados a la dinámica entre producción y reproducción, y por ende donde tiene desarrollo la creatividad, la ruptura de la inercia y por ende, la promoción incluso de una revolución.

Uno de los aspectos más preocupantes del sistema neoliberal, particularmente expresado en el campo urbano-habitacional, ha sido su capacidad para instaurar y promover una racionalidad que asocia la vivienda, los espacios públicos, la recreación e incluso las relaciones de vecindad  como bienes de consumo, cuyo acceso queda supeditado al esfuerzo individual, a la capacidad de pago y por cierto, a la competitividad. Y es justamente esta racionalidad la que invisibiliza y desvalora la capacidad creadora de los habitantes presente en sus prácticas de habitar.

LLa demanda por el derecho a la vivienda y la ciudad no solo es una demanda por una vida buena para todos los habitantes. Es también una oportunidad para observarnos a nosotros mismos y a nuestros pares en nuestras prácticas de habitar, visibilizando nuestras constantes rutinas de creación/repetición y valorando hasta los aspectos más mínimos de nuestra cotidianeidad como parte de aquella capacidad creadora que nos convierte en productores de nuestro hábitat.

En tal sentido, la demanda por el derecho a la vivienda y la ciudad es también una invitación hacia la “crítica radical”. Más allá de las proclamas, la “crítica radical” implica abrir vías de exploración respecto de nuestras propias cotidianeidades, promoviendo un ejercicio constante de visiblización y reconocimiento de nuestra capacidad creadora y el constante aprendizaje sobre las prácticas sociales de nuestros pares, expresión de sus nuevas y diversas formas de habitar.

 

Entrevista a Doris González: Derecho a la vivienda y a la ciudad

$
0
0

En el marco de la próxima marcha a realizarse por el derecho a la ciudad el día sábado 23 de marzo, entrevistamos a la dirigenta de UKAMAU, Doris González, sobre la relevancia de este evento en la actualidad.

Viewing all 18 articles
Browse latest View live




Latest Images